El Gobierno vasco ha presentado el plan con las iniciativas que quiere lanzar este año, y que convertirán los próximos meses en una especie de legislatura constituyente: se van a sentar las nuevas bases de las principales políticas vascas con leyes como la de Educación, Salud, Renta de Garantía de Ingresos y Sistema Vasco de Empleo, y se abordarán retos de futuro con el anteproyecto de Transición Energética y Cambio Climático. El lehendakari aspira a que estas leyes las apruebe el Parlamento Vasco con un consenso que vaya más allá de los grupos que componen su gabinete, PNV y PSE, porque pretende que pervivan más allá de esta legislatura.
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el Plan Anual Normativo para 2022, que recoge un total de 151 iniciativas. De ellas, como explicó el portavoz, Bingen Zupiria, 17 son anteproyectos de ley. El resto son decretos. A lo que se compromete el Ejecutivo es a presentar este año las iniciativas para su aprobación en Consejo de Gobierno (algunas ya lo han hecho). No supone que se aprueben este mismo año en el Parlamento.
El Gobierno vasco adelantó que este plan se publicaría en el portal de transparencia Irekia para que la ciudadanía pueda participar. Buena parte de las iniciativas se concentran en departamentos como los de Educación y Políticas Sociales, lo que da una medida de las prioridades para este año. Y se incluye la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, que la socialista Idoia Mendia espera acelerar tras la transferencia del Ingreso Mínimo Vital que se firmará este miércoles en Madrid. Esta ley contempla un sistema que integra la ayuda social del Estado, el IMV, con la RGI que funciona desde hace décadas en Euskadi. En cuanto al Sistema Vasco de Empleo, se regulará tras la transferencia de las políticas activas en 2010.
LOS ANTEPROYECTOS
Los 17 anteproyectos previstos se recogen en áreas como Seguridad (Ley para regular los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, y Ley de Protección de Datos Personales), Trabajo y Empleo (Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, y Ley del Sistema Vasco de Empleo), Gobernanza Pública y Autogobierno (Ley de Transparencia y Participación Ciudadana); y Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente (Ley de Transición Energética y Cambio Climático).
Pero también en Economía y Hacienda (Ley del Instituto Vasco de Finanzas, Ley Reguladora del Régimen de Subvenciones, y Ley del Plan Vasco de Estadística 2023-2026), Educación (Ley de Educación, y Ley por la que se autoriza un convenio de integración del Conservatorio de Danza José Uruñuela en centros públicos); Planificación Territorial, Vivienda y Transportes (Ley de Transporte por Cable, y Ley de Movilidad Sostenible de Euskadi); Salud (Ley de Salud Pública de Euskadi, que contempla un sistema de alerta ante emergencias sanitarias); Igualdad, Justicia y Políticas Sociales (Ley de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y Ley de Cooperación al Desarrollo), y Turismo, Comercio y Consumo (Ley de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, un anteproyecto presentado este martes).
TELETRABAJO, CONCIERTOS...
A estos anteproyectos hay que sumar los decretos, que en Lehendakaritza regulan cuestiones como las becas y el programa Agenda 2030. Se reparten por distintas áreas y hacen referencia a cuestiones como el reglamento de provisión de puestos en los Cuerpos de Policía, el régimen jurídico del personal funcionario local con habilitación de carácter estatal, el teletrabajo para los empleados públicos, la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos, el Consejo Vasco de Formación Profesional, los conciertos educativos y el sistema de pago delegado en los centros concertados, el Registro Oficial de Eutanasia,o los centros para personas mayores.
Se incluyen otros debates de tinte social como las ayudas para contratar personas para el cuidado de hijos menores de 14 años, o el foro para la participación de los inmigrantes. Sobre el euskera, se regulará el proceso para la normalización del uso de la lengua en el sector público.
