a presentación hace unos días del Informe sobre la injusticia padecida por integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, así como sus familiares, a consecuencia del terrorismo de ETA entre 1960 y 2011 ha generado polémica en algunos sectores. Polémica, politización y víctimas son conceptos que nunca deberían ir unidos. Por ello, con el ánimo de situar el Informe en su verdadero y único contexto y de zanjar cualquier polémica artificial, y desde el total respeto a lo que se pueda opinar sobre el mismo, quisiera hacer las siguientes puntualizaciones.

1) El Informe sobre la injusticia padecida por integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, así como sus familiares, a consecuencia del terrorismo de ETA entre 1960 y 2011, es un informe elaborado por una prestigiosa entidad académica independiente: el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto por encargo de la entonces Secretaría General, hoy Viceconsejería de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del Gobierno Vasco. Instituto y Gobierno somos, pues, corresponsables del mismo, cada uno en su ámbito de responsabilidad.

2) El Informe forma parte de una estrategia global. No es una iniciativa aislada. Se inscribe en la política general del Gobierno en relación con las violaciones de los derechos humanos y más concretamente en la serie de informes sobre el sufrimiento generado por estas vulneraciones en diversos colectivos sociales. En este marco, el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe ha elaborado anteriormente los siguientes informes: Informe sobre la injusticia padecida por las personas amenazadas por ETA (1990-2011) (marzo de 2016); Informe sobre la injusticia padecida por el colectivo de ertzainas y sus familias a consecuencia de la amenaza de ETA (1990-2011) (mayo de 2016); Conocimiento y discursos de la población universitaria sobre terrorismo y vulneraciones de derechos humanos en Euskadi (julio de 2017); Informe sobre el impacto de la política penitenciaria de alejamiento en las familias de las personas presas (noviembre de 2017); Informe sobre la injusticia padecida por concejalas y concejales que sufrieron violencia de persecución (1991-2011) (julio de 2019). Esta consejera quiere reconocer y poner en valor el planteamiento, la metodología, el rigor académico y la aportación de estos Informes y del trabajo del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe en la visibilización de las vulneraciones de derechos y en la reivindicación de su defensa y protección.

3) Los Informes ponen el foco en las víctimas de las vulneraciones de derechos, en el sufrimiento generado por estas vulneraciones de derechos en ellas y en sus entornos. Cada uno de los informes es, pues, obligadamente parcial y específico. No pretenden un análisis global. El objeto del Informe que nos ocupa no es analizar de manera integral la situación política y el fenómeno de la violencia en el País Vasco entre 1960 y 2011. Ni siquiera el análisis de la política y la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Euskadi en dicho periodo. Repito, son análisis que ponen el foco en un objetivo específico. La fotografía final será el resultado de la suma articulada de investigaciones, informes, e iniciativas que reflejen todos los hechos, todas las experiencias, todas las vulneraciones de derechos y todos los sufrimientos generados por ellas. Desde un enfoque de derechos humanos, todas las vulneraciones fueron injustas.

4) La constatación de la vulneración de derechos y del sufrimiento generado por el terrorismo de ETA en el colectivo de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en sus familiares, en ningún caso supone identificación del Gobierno Vasco con la política y la actuación de éstas en el periodo de referencia. No es objeto del Informe el análisis de esa política y esa actuación (como no lo fue el análisis de la actuación de la Ertzaintza, de la política municipal o de la estrategia general de ETA cuando se puso el foco en las violaciones de derechos de las que fueron víctimas ertzainas y concejales y concejalas o en el sufrimiento añadido que la política de alejamiento provocó en los familiares de personas presas). El enfoque de estos Informes son siempre las víctimas, las vulneraciones de sus derechos y los efectos de estas vulneraciones.

5) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son sinónimo de vulneración de derechos en cualquier dictadura. También en el Estado español y en Euskadi. Y también en el periodo democrático se han producido en Euskadi vulneraciones de derechos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, vulneraciones derivadas del abuso de poder y del uso ilegítimo de la fuerza por parte de un Estado que, en ocasiones, en vez de proteger libertades vulneró derechos. Este reconocimiento de vulneración de derechos es totalmente compatible con reconocer al tiempo el sufrimiento generado en el colectivo y en sus familiares por el terrorismo de ETA. No se trata de blanquear ni de revisar la historia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Euskadi. Se trata de poner sobre la mesa la ética de todas las vulneraciones de derechos.

6) El horizonte final de la mirada al pasado es siempre el futuro, un futuro en términos de no repetición. Un futuro que exige poner foco en todas las víctimas y en todas las vulneraciones de derechos. No hay víctimas de primera y de segunda. Hay víctimas. Víctimas todas ellas de una violencia injusta. Víctimas todas ellas que tienen derecho a verdad y justicia. Víctimas todas ellas que tienen derecho a reconocimiento legal, institucional, social, moral y simbólico. Todas son víctimas. Y en el imaginario colectivo, todas deben ser consideradas como tales. Este enfoque de derechos y sus vulneraciones es, sin duda, el más sólido pilar para fundamentar nuestro futuro modelo de convivencia en el principio de defensa, protección y garantía de los derechos humanos: todos los derechos para todas las personas. * Consejera de Igualdad, Justicia y Derechos Sociales