- “El régimen de excepcionalidad continúa siendo la norma de actuación de los poderes del Estado: el poder político, el legislativo y el judicial”. Esta es la contundente conclusión de un estudio sobre la política penitenciaria aplicada a los presos de ETA a partir de 1987, cuando se puso en marcha la política de alejamiento de los reclusos de las cárceles de Euskadi.

El estudio fue presentado ayer en Donostia por el portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, junto con Bego Atxa, Iñaki Lasagabaster y Ramón Zallo. Todos ellos volvieron su mirada hacia el Gobierno Vasco, como consecuencia de la transferencia de la competencia de prisiones a Euskadi desde el pasado octubre, y expresaron su “confianza” en que el Ejecutivo vasco “ponga en práctica una política penitenciaria más ajustada a las normas en vigor”.

Añadieron que “la excepcionalidad como principio tiene que verse superada por una actuación consistente en la aplicación ordinaria de la ley”. Según el portavoz de Sare, “el criterio de proximidad es fundamental, pero no solo cuando se trata de hablar de la Administración Penitenciaria, sino también cuando se trata de la intervención de los juzgados de vigilancia penitenciaria”. Calificó por ello de “imprescindible” que la vigilancia penitenciaria vuelva a los juzgados de proximidad y deje de depender de la Audiencia Nacional.

Instituciones Penitenciarias y el Departamento vasco de Justicia acordaron el traslado a cárceles de Euskadi de siete presos de ETA, entre ellos Asier García Justo y Manuel Miner, autores del asesinato del ertzaina Iñaki Totorika, y Lierni Armendaritiz, una de las responsables del atentado que mató a Ernest Lluch en el año 2000. El resto son Víctor Franco, Iñaki Reta de Frutos, Ángel Aramburu y Xabier Zabalo. /