- La de Alberto Garzón no es la única chinita que se ha colado en el seno del Gobierno de coalición. Otro tanto ocurre con el borrador de la reforma de la ley del aborto que promueve Irene Montero, que expresó en varias ocasiones su intención de que estuviera listo a finales del ya extinto 2021, y entre otras cosas, apuesta por incluir dos formas de violencia contra la mujer que hasta ahora no están reconocidas como tal: la violencia obstétrica y la gestación subrogada. Es una reforma que lleva meses negociando con los colectivos implicados, además de haber abierto en septiembre una consulta pública en la que se indicaba que el objetivo era acabar con los “obstáculos” que dificultan el ejercicio del derecho al aborto y eliminar el “estigma” que aún soporta.

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, apostó por crear un registro “anticipado y por escrito” de todos los profesionales que renuncian a practicar abortos, similar al que contempla la ley de eutanasia. En su momento, la titular de Sanidad, Carolina Darias, aseveró que su departamento no tenía “ninguna intención” de modificar la regulación del derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios para no practicar abortos y abogó por compatibilizar ambos derechos.

En cuanto a la violencia obstétrica, Igualdad indicaba la necesidad de unificar y actualizar los protocolos de atención al parto para que se adecuen a lo establecido en la Estrategia de Atención al Parto Normal del Ministerio de Sanidad, en coherencia con las recomendaciones de la OMS y con garantía del enfoque de género. Además, el borrador eliminará además la necesidad del consentimiento paterno que se exige a las chicas de 16 y 17 años que quieren abortar, un requisito que introdujo el gobierno del PP en 2015 y que el PSOE también quiere borrar. El Ministerio liderado por Podemos tiene por delante culminar la negociación con su socio para sacar adelante el texto final, con discrepancias de partida. El PSOE ve imprescindible eliminar el consentimiento paterno para esas menores, pero su portavoz de Igualdad en el Congreso, Laura Berja, le dijo a Montero durante una de sus comparecencias parlamentarias que el resto de cuestiones “no requieren una reforma legal”.