El Parlamento Vasco ha vivido este jueves una de las sesiones más crispadas en el primer año de esta legislatura, y no lo ha hecho con ocasión del debate de una ley política, sino con una iniciativa sectorial, la Ley de Administración Ambiental. El pleno ha aprobado el proyecto con la mayoría absoluta de PNV y PSE y la oposición en contra, por incluir la figura de los proyectos de interés público superior (PIPS).
Esta figura supondrá que el Gobierno vasco pueda "superponer" su criterio al de los ayuntamientos, cuando sea necesario aprobar un proyecto para "dar servicio al conjunto de la sociedad", en casos como las instalaciones de tratamiento de aguas o de residuos.
La oposición ve en este mecanismo un atropello a la autonomía municipal. Pero la consejera Arantxa Tapia combatió esta versión esgrimiendo garantías y controles, dejando ver que su departamento no podrá hacer y deshacer a su antojo, y que los ayuntamientos no serán convidados de piedra, sino que, tal y como ha confirmado este periódico, en la tramitación de los PIPS habrá hasta tres pasos en los que intervendrán los municipios.
En primer lugar, se someterá el proyecto a información pública e informe municipal con un plazo de dos meses; en segundo lugar, habrá un informe vinculante de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco para comprobar si se adapta a los instrumentos de ordenación territorial y si habrá que modificar alguno; y, en tercer lugar, si el proyecto requiere una evaluación de impacto ambiental, el ayuntamiento será oficialmente consultado.
UNA REGULACIÓN PROPIA PARA LOS PIPS
Tapia aclaró que estos proyectos estarán muy tasados, tendrán una regulación propia, y los municipios podrán redactar informes medioambientales. Frente a esa versión, se han puesto en circulación hipótesis e intuiciones como que el Gobierno vasco podrá aprobar los proyectos que quiera porque no se concretan en la ley, y que podrá aprobar vertederos en contra de los vecinos, o rescatar la exploración de gas. No hay ningún hecho contrastado, porque Tapia dijo que todavía no están encima de la mesa los proyectos que podrían convertirse en PIPS. Y el PNV descartó de manera expresa la hipótesis sobre el pozo de Subijana.
El debate fue especialmente tenso con EH Bildu, que también ha activado una campaña dentro de la asociación de municipios Eudel para desacreditar a su presidente, el alcalde jeltzale de Gasteiz, Gorka Urtaran. Este jueves ha llevado el debate a la Ejecutiva de Eudel, que no aprobó su petición de redactar un informe sobre esta ley, y EH Bildu consideró "desacreditado" a Urtaran.
Lo que dejó claro este debate es que las espadas van a estar en alto desde el flanco de EH Bildu para desplegar estos proyectos. Este enfrentamiento, que la coalición abertzale personalizó en la consejera, se ha sustanciado a pesar del acuerdo presupuestario con el Gobierno vasco, que el próximo martes se traducirá en que EH Bildu no defienda ninguna enmienda a la totalidad del proyecto. En la votación final, se abstendrá. Todo apunta a que esta ley, rechazada también por Elkarrekin Podemos-IU y PP+C's, va a ser un argumento hasta las elecciones municipales y forales de 2023.
LA CONTRADICCIÓN NAVARRA
Tapia esgrimió en una comparecencia ante los medios de comunicación que EH Bildu "tuvo la oportunidad de derogar esa ley o utilizarla en Navarra, y ha hecho lo segundo, utilizarla". Desde el PNV, María Eugenia Arrizabalaga desmintió de manera expresa las especulaciones sobre Armentia y el pozo de Subijana, dijo que ya se ha decidido ni explorar ni explotar el gas, y que la ley estatal impide mover ficha.
Defendió que esta ley avanza en el control de las actividades con posible impacto en el medio ambiente, con elevados estándares de calidad y objetivos para reducir los residuos, con un canon de vertido con el lema "quien contamina paga", o la obligación de emplear un 40% de materiales reciclados en obras públicas. Dijo que los PIPS son comunes en otros territorios y que tiene en aval de sentencias constitucionales.
Cargó contra las "mentiras y manipulación" de EH Bildu, a la que vio como "incitadora" de este rechazo. Tapia solo confirmó que su consejería trabaja en infraestructuras para llevar adelante el Plan de Residuos que será debatido en el Parlamento, para alargar la vida de los vertederos y poner en marcha infraestructuras para recuperar los residuos.
