El Tribunal Supremo (TS) no se da por aludido respecto a las resoluciones europeas sobre Carles Puigdemont. De hecho, desde el alto tribunal sostienen que los posicionamientos que pueda emitir el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) no influyen en la causa porque "el derecho español no está supeditado al europeo", por lo que en caso de que el expresident decidiera regresar al Estado sería detenido en cuanto lo pisara.
El último auto emitido, de unas diez páginas, ya está en manos del juez instructor Pablo Llarena, a quien se le recordaba que el proceso penal y las órdenes de arresto permanecen en suspenso, y es por ello que desde Europa se optó por no devolver la inmunidad al lider de Junts ni a los eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí al creer que no hay riesgo alguna de entrega. El Supremo resta trascendencia al fallo del TGUE porque, dice, era solo un extracto y no el dictamen al completo del vicepresidente de esta institución. La disonancia destila, al margen del cariz soberbio con el que se pronuncia el TS, falta de sintonía entre las providencias de los respectivos órganos de justicia que afectan a los exiliados del procés.
Suspensión de las euroórdenes
El auto del vicepresidente del Tribunal europeo recalcaba que las autoridades nacionales del resto de países de la UE, en virtud del principio de cooperación leal, deben tener en cuenta la "suspensión del proceso penal y de la ejecución de las órdenes de detención europeas dirigidas contra los diputados" soberanistas hasta resolver la cuestión prejudicial. La Justicia europea considera que el episodio acontecido en Cerdeña, cuando Puigdemont fue detenido en el aeropuerto y puesto en libertad con posterioridad, "vienen a confirmar" que no hay riesgo de que un Estado miembro ejecute la euroorden mientras el proceso esté en suspenso, por lo que no existe un riesgo de perjuicio grave que exija devolverle la inmunidad. El expresident ha recurrido este fallo porque a su juicio la posibilidad de que se dé un capítulo de estas características "daña" su actividad política.
El Tribunal europeo dejó claro en su escrito que el hecho de que esté estudiando una cuestión prejudicial remitida por Llarena sobre el alcance de las euroórdenes supone que tales órdenes de detención y entrega están inactivas en el conjunto de la UE, y no solo en Bélgica como defendió el magistrado del Supremo al pedir a Italia la entrega de Puigdemont. Es más, y que Llarena era conocedor de ello, que "estaba al corriente". A raíz de ello, el abogado del líder de JxCat, Gonzalo Boye, remitió un escrito de tres páginas al juez donde le preguntaba si había suspendido ya el procedimiento, y si había informado de ello a los diferentes cuerpos policiales del Estado para saber cómo actuar si el expresident retornaba de su exilio. El Supremo, sin embargo, no parece cambiar su hoja de ruta y mandaría detenerle nada más cruzara la frontera de no mediar una "contraorden" que no parece se vaya a producir a corto plazo.
Junts se dirige al Gobierno
Desde Junts han avisado al Gobierno español que el arresto sería "ilegal" y se le ha pedido que dé órdenes para que no sea detenido si decide volver, exigiéndole que, en caso de pensar hacerlo, explique en virtud de qué criterios jurídicos se produciría el arresto. JxCat ha presentado una batería de preguntas demandándole que asuma la resolución europea. Desea saber si el Gobierno conoce el fallo del TGUE, si "asume" que no puede detener a los políticos exiliados y si ha comunicado a las Fuerzas de Seguridad que las euroórdenes están suspendidas. Interroga a su vez sobre si se ha dado instrucciones a Interior y a los departamentos del ramo de las comunidades para que no se les arreste, y si se ha dirigido a la Fiscalía para que lo impida "en orden a la defensa del interés público y la legalidad europea".
