El Gobierno vasco y la izquierda abertzale han alcanzado un acuerdo sobre los Presupuestos, un acuerdo inédito durante el mandato del lehendakari Urkullu y sin prácticamente ningún precedente, exceptuando la época de Lizarra. El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, y la portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, han firmado un pacto que se traducirá en la abstención de la coalición abertzale tras haber amarrado compromisos por valor de 253 millones.
El acuerdo incluye medidas ya aceptadas por la coalición en Nafarroa para promover en el marco del diálogo social un salario mínimo proporcional a la renta media vasca, y regular los precios del alquiler privado cuando la normativa estatal lo permita, un debate en el que EH Bildu será informada con carácter previo. Además, en 2023 y 2024, se va a duplicar la inversión en I+D+i prevista en el programa de Gobierno, desde el 6% de aumento previsto hasta el 12% anual, lo que tendrá un impacto de 77 millones.
Este es un acuerdo sin precedentes con Urkullu, tras la primera y única negociación fallida que ya mantuvieron en 2018 el Gobierno y EH Bildu con la intención de explorar un incremento de la Renta de Garantía de Ingresos en los Presupuestos. Supone también un hito en la tensa relación entre ambas partes, marcada por la rivalidad política entre el PNV (el partido del consejero) y la izquierda abertzale.
EL GOBIERNO VASCO YA TENÍA MAYORÍA ABSOLUTA
Esta alianza no era necesaria desde el punto de vista numérico porque la aprobación del proyecto ya estaba garantizada con la mayoría absoluta de PNV y PSE. Sin embargo, permite al Gobierno vasco reforzar su mayoría y lanzar una imagen de consenso en un contexto difícil, donde la recuperación económica en tiempos del coronavirus es clave. Para hacer posible este pacto han confluido dos circunstancias. Por un lado, ha sido clave el movimiento del consejero Azpiazu, quien complicó la negativa de EH Bildu al ofrecerle cuestiones que ya había aceptado en Nafarroa. Se desactiva el discurso del rodillo o el mantra de la falta de voluntad para ceder ante la izquierda abertzale.
LA IZQUIERDA ABERTZALE, HACIA LA NORMALIZACIÓN PLENA
Este movimiento, que el PNV consideró audaz, pasará a engrosar el currículum del consejero. Pero, por otro lado, la coalición abertzale ha mostrado voluntad de pactar. Con este movimiento, cierra el círculo que ya había comenzado a trazar con sus acuerdos presupuestarios en Nafarroa y en el Estado. La comunidad autónoma vasca deja de ser una isla y EH Bildu también se sacude el sambenito de que con Pedro Sánchez y con María Chivite es más posibilista.
La izquierda abertzale trata de avanzar con claridad hacia su normalización política plena, que viene favorecida con otros movimientos del colectivo oficial de presos, como el anuncio de que los recibimientos a los reclusos se harán en privado. Este viraje, sea táctico o no, plantea al PNV una mayor competencia de cara a las elecciones municipales y forales de 2023, porque EH Bildu se aviene al camino pactista del que lleva presumiendo durante décadas el partido jeltzale. Pero desde el PNV valoran en todo caso este acuerdo como una buena noticia para el país.
176 MILLONES Y 77 PARA I+D+I
EH Bildu se abstendrá en la votación final del 23 de diciembre, y tampoco apoyará las enmiendas a la totalidad de Elkarrekin Podemos-IU y PP+C’s en el pleno del martes día 14 de diciembre. Se ha producido una especie de intercambio de roles entre EH Bildu y Podemos, porque en un primer momento parecía que la formación morada estaba llamada a alcanzar ese acuerdo y ser una socia relativamente habitual de Urkullu. EH Bildu arrebata en cierto modo una bandera a Podemos, que había impulsado la Ley de Vivienda en el Estado y ahora queda relegada en su aplicación en Euskadi.
Ambas partes han acordado medidas económicas por valor de 176 millones (por ejemplo, treinta millones más para Osakidetza), y tres de las seis medidas políticas propuestas por EH Bildu. El acuerdo político sobre I+D+I supone un montante de 77 millones.
