- Sin la presencia de Pere Aragonès ni de miembro alguno del Govern, Felipe VI regresó a Barcelona para presidir el acto de entrega de los despachos a los nuevos jueces del que fue apartado el pasado año ante la indignación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En aquel momento el Gobierno de Pedro Sánchez vetó la presencia del monarca para “velar por la convivencia” ya que la cita se iba a producir los días previos del aniversario del 1-O y en puertas de conocerse la inhabilitación de Quim Torra. A modo de remiendo, el presidente del Tribunal Supremo (TS) y del CGPJ, Carlos Lesmes, aprovechó ayer para ensalzar que la figura del rey en Catalunya, por el hecho de pisar dicho territorio, posee “una enorme fuerza simbólica y un profundo significado constitucional”. “Expresa que la Justicia se administra en nombre de quien simboliza la unidad y permanencia de nuestro Estado, conjugándose así en la fórmula constitucional, armónicamente, las ideas de soberanía y unidad de nuestra nación”, expresó el magistrado en un cónclave que contó también con Manuel Marchena, máximo responsable del juicio a los líderes del procés.

Lesmes se deshizo en elogios hacia Felipe VI porque su asistencia “honra a quienes en España servimos a la justicia y a quienes hoy se incorporan a esta tarea”. El presidente del Supremo, cuyo mandato lleva caducado casi tres años ante la falta de acuerdo para renovar el CGPJ por parte de PSOE y PP, recordó a los nuevos jueces “la necesidad de juzgar en ausencia de elementos extraños, no aceptables procesal ni jurídicamente, tendentes a influir, ilegítimamente, en el pronunciamiento judicial”. “Esos elementos pueden ser de muy diversa índole y corresponde al ordenamiento jurídico y, en su caso, al órgano de gobierno de los jueces, pero también al propio juzgador, establecer las barreras necesaria para que no lleguen a interferir en la labor jurisdiccional ni a distorsionar la toma de decisiones”, ahondó. A su juicio, ello implica “un compromiso activo por parte de los miembros de la judicatura con el buen funcionamiento del sistema judicial, promoviendo en la sociedad una actitud de respeto y confianza” y ejerciendo su función “de manera prudente y respetuosa con los demás poderes del Estado”. También pidió a los nuevos magistrados que su apariencia de imparcialidad no se vea afectada nunca por “declaraciones públicas” y que mantengan una conducta “que reafirme la confianza de los ciudadanos en el ejercicio de la función jurisdiccional, cuya dignidad exige un comportamiento acorde con la misma”.

En este contexto, el monarca español solicitó a los nuevos jueces defender la “legitimidad constitucional y moral” del Poder Judicial, que reivindicó como la garantía de la concordia en una sociedad democrática, moderna y avanzada como cree que es la española. Felipe VI se dedicó a glosar el Poder Judicial como una parte nuclear del Estado y sostuvo que su misión es trascendental para la “consolidada” democracia. “Una sociedad moderna y avanzada como la nuestra, una sociedad plenamente democrática como es la sociedad española, solo puede desarrollarse en paz y concordia si cuenta con un mecanismo independiente y neutral para la resolución de los conflictos”, explicó, bajo el argumento de que la Carta Magna fija la independencia y la imparcialidad que debe seguir la Justicia.

Inviolabilidad del rey. La ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguró que “ahora mismo no se dan las mayorías suficientes para reformar la Constitución” con el objetivo de eliminar o retocar la inviolabilidad del rey, pero añadió que “el debate está ahí; y se trata de un debate público”. En una entrevista en el diario El País, la dirigente socialista sostiene que “es una cuestión también de modernidad y de ir avanzando hacia instituciones más transparentes y que se adecuen más con la realidad”.