- La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Gobierno Vasco han acordado el traslado a cárceles de la comunidad autónoma, concretamente a las de Basauri y Martutene, de cuatro presos del colectivo de ETA, lo que supone que en estas dos prisiones y en la cárcel alavesa de Zaballa cumplen ya condena 77 reclusos de la organización.
De esta manera, entre los acercamientos coordinados por las dos administraciones -Euskadi asumió las competencias penitenciarias el pasado mes de octubre- está el traslado de Juan Carlos Herrador Pouso, integrante del comando Donosti desarticulado en 2007 y que dejará la cárcel de El Dueso (Cantabria) para ingresar en la de Basauri.
Herrador fue condenado en 2009 a 19 años de prisión por los delitos de pertenencia a banda armada y depósitos de explosivos. Cuando fue desarticulado el comando al que pertenecía tenía información sobre posibles objetivos políticos y de las fuerzas de seguridad, aunque no tenía planes concretos ni órdenes para atentar de forma inminente.
Este recluso ha cumplido las tres cuartas partes de la condena en junio y ha aceptado la legalidad penitenciaria, por lo que hace más de un año ya fue trasladado una primera vez desde la cárcel toledana de Ocaña a El Dueso.
También será conducido a la prisión de Basauri -desde la de León, en este caso- Jesús Guinea Sagasti, condenado a doce años de prisión por quemar un cajero automático el 15 de agosto de 1997 durante las fiestas de Larrabetzu.
El mismo recorrido desde León a Basauri seguirá Iker Lima, que cumple una condena acumulada de 25 años por incendio, daños, lesiones y desórdenes públicos, y cumplió las tres cuartas partes de la condena en agosto de 2021. Prisiones destaca que la junta de tratamiento de la prisión leonesa ha acordado también su progresión a segundo grado.
El cuarto recluso, Santiago Aragón Iroz, será trasladado desde Logroño a Martutene. Fue condenado en 2003 a 33 años de prisión por delitos de pertenencia a banda terrorista, depósito de armas, tenencia de explosivos y falsificación de documentos, además de por ser miembro del comando que en julio de 2001 asesinó al ertzaina Mikel Uribe.
Los traslados fueron criticados por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que denuncia que estos reclusos “no han colaborado con la Justicia”.