La Abogacía del Estado ha presentado en tiempo sus alegaciones ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) para interesar que no se le devuelva la inmunidad al expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont. El plazo para presentar esas alegaciones finalizaba el viernes pasado, y según fuentes conocedoras del caso, se han presentado y siguen la línea de anteriores escritos.
Los servicios jurídicos del Estado reaccionan así después de que la defensa de Puigdemont remitiera el pasado 1 de octubre --antes de comparecer ante el tribunal italiano-- una nueva demanda de medidas cautelares al TGUE para recuperar su inmunidad como eurodiputado. En la práctica, esto frenaría el proceso abierto en la Justicia italiana para decidir sobre su entrega a España tras su reciente detención en Cerdeña (Italia).
Cabe recordar que en su primer auto sobre la suspensión de la inmunidad de Puigdemont del pasado julio, el Tribunal con sede en Luxemburgo avaló la decisión del Parlamento Europeo de suspender la inmunidad porque consideró que no había riesgo de detención, pero dejó la puerta abierta a examinar nuevas medidas provisionales si el reclamado por la Justicia española fuera arrestado por autoridades de un Estado miembro.
Uno de los abogados del político catalán, Gonzalo Boye, explicó en redes el día en que pedían esas medidas, que solicitaban cautelares, que no cautelarísimas, porque consideraban que ha quedado comprobado que "no existe voluntad" en el juez instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de "garantizar los derechos" de Puigdemont como eurodiputado.
Esta decisión fue adoptada porque cuando se trata de medidas cautelarísimas, el Tribunal de la UE puede decidir de manera provisional sobre el asunto sin esperar a escuchar a las partes afectadas --como hizo la primera vez devolviendo temporalmente la inmunidad plena a Puigdemont--, mientras que si se trata de medidas cautelares los plazos son más largos porque el auto no llega hasta escuchar a todas las partes.
RIESGO DE DETENCIÓN
Por eso, Boye aclaraba en su comunicado que esta petición no afectaba a la vista señalada ante el Tribunal de Apelación de Sassari (Cerdeña) porque antes de que la Justicia europea se pronuncie, debía darse traslado de la demanda tanto al EStado español como al Parlamento Europeo.
La primera decisión del TGUE que rechazaba actuar en contra de la decisión de la Eurocámara de suspender la inmunidad, se adoptó porque el Estado indicó que no existía riesgo de detención, algo que quedó desmentido por la detención del expresidente catalán en Cerdeña y la comunicación remitida posteriormente por Llarena al tribunal sardo para subrayar que la euroorden seguía viva.
