- Carles Puigdemont se halla desde ayer en Cerdeña para declarar hoy ante la Corte de Apelación de Sassari tras haber sido detenido, y puesto en libertad en pocas horas, en la isla italiana el 23 de septiembre por la ejecución de una euroorden emitida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Arropado por los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, eurodiputados sobre quienes Italia comunicó a España que no les arrestaría en caso de acompañarle, el expresident podría sumar otro país, el quinto, a la lista de los que ya han rechazado su entrega al Estado. El tribunal debe resolver en primer término si la euroorden cursada por el magistrado está en vigor, como él defiende, o suspendida, como informó Abogacía del Estado al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), lo que llevó a éste a considerar innecesario mantenerle cautelarmente la inmunidad que le había retirado el Parlamento Europeo. Puigdemont volvió a pedir el pasado viernes ser inmune de forma provisional mientras se resuelve el recurso contra la decisión de la Eurocámara.

La defensa maneja que la decisión del TGUE no será fundamental porque, para cuando se pronuncie, la justicia italiana puede haber denegado ya la entrega, como pasó con Alemania, que solo la concedió por malversación, y el Supremo la rechazó; y con Bélgica, que declaró que el alto tribunal español no era competente para juzgar al exconseller Lluís Puig, lo que motivó que Llarena planteara una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por el que se considera suspendida la euroorden. Países que se añaden a Escocia, que archivó la causa sobre Ponsatí al entender que ella residía en Bélgica; y a Suiza, país al que la fiscalía descartó para tratar de instar a la entrega de otros exiliados. La oficina Sirene helvética comunicó a la española que “los hechos descritos no constituyen, a primera vista, un delito extraditable”, sino que “parecen ser un delito político o un delito relacionado con un delito político”.

El abogado italiano del expresident, Agostinangelo Marras, afirmó que se dan “todos los elementos” para que la euroorden no se ejecute y que, desde el punto de vista procesal, sería una decisión sin fundamento. Su otro letrado, Gonzalo Boye, adelantó que eventualmente Puigdemont podría volver al Estado español: “Será cuando llegue el momento, pero falta bastante menos de lo que muchos creen”. En declaraciones a RAC1, explicó que así sería si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) le otorgara la inmunidad y la Abogacía del Estado la avalara. Boye matizó que sería prudente retornar siempre y cuando se conozca “la posición de la Abogacía” para garantizar que el líder de Junts no fuera detenido. ¿Para cuándo? Entre “hoy mismo, ahora” -si hay medidas cautelares- y los meses de marzo o abril, “cuando se resuelva el pleito de fondo”.

La audiencia está fijada para las 11.00 horas y Puigdemont se pronunciará en rueda de prensa a las 18.30 en Algher, en la sala de conferencias Quarté Sayàl. La Corte de Sassari tiene 60 días para decidir, más cinco días para dar la oportunidad de presentar un recurso, y después el Supremo debería fallar en diez días.

En este compás de espera, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, adelantó que “lo que decidan los jueces italianos será lo correcto”, mientras que el líder del PP, Pablo Casado, prometió “traer de vuelta” a Puigdemont si el PP gobierna en España, aunque para ello tengan que “viajar hasta el último país de Europa para exigir respeto” a la justicia española.

3 de octubre de 2017. El independentismo salió ayer a las calles de Barcelona para conmemorar el cuarto aniversario de la huelga general del 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum y jornada en la que Felipe VI hizo un discurso con un tono beligerante hacia los soberanistas. Convocados por la ANC, se corearon consignas en apoyo de Carles Puigdemont y en contra de la mesa de diálogo. Entre los asistentes figuraban la presidenta del Parlament, Laura Borràs y el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, así como los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull y Damià Calvet. La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, arremetió contra el “pactismo que solo trae derrotas”.