- El Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, desde donde se prorrogó por tres meses la instrucción de la pieza 9 de Púnica -relativa a la financiación ilícita del PP de Madrid- no quiere agotar plazos y prevé que para antes de que finalice agosto puede concluir las pesquisas. Además, fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que hoy por hoy la balanza se inclina en favor del archivo de las pesquisas para la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre, por lo que, la que fuera máxima dirigente del PP madrileño durante los años que se investigan, no pisaría la Audiencia Nacional.

Aguirre fue imputada porque, según el auto del juez, la investigación arrojaba “indicios racionales” de que sería “quien ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba”. Decía además que era “la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad”. “Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad”, apuntaba en 2019.

Según exponía el magistrado, al llegar Aguirre al Gobierno de la Comunidad en 2003 los dirigentes populares “fijaron una estrategia para obtener fuentes de financiación para el partido, amparándose en diversas partidas del presupuesto, en principio con fines de propaganda institucional u otros que sirvieron de coartada para desviar dinero público desde las licitaciones de las consejerías de la Comunidad y adjudicar, en connivencia con determinadas proveedores de confianza, la licitación de determinados contratos de suministros”. Pero tras casi dos años imputada, ahora su situación procesal puede cambiar radicalmente.

En Púnica ya hay una condena firme. Granados recibió dos años de cárcel por el chivatazo que le dio un guardia civil en 2014 sobre las investigaciones a las que estaba siendo sometido y que le permitió tanto a él como a su entonces socio, David Marjaliza, adoptar ciertas cautelas en sus negocios.