- Yves Bertossa, el fiscal suizo que investiga la donación de 65 millones de Arabia Saudí a Juan Carlos I, estrecha el cerco sobre el emérito dando un nuevo giro a sus pesquisas al imputar al presidente del Banco Mirabaud, Yves Mirabaud, por no haber informado al organismo de prevención de blanqueo de capitales de la entrada en su entidad el 8 de agosto de 2008 de la cantidad de 65 millones de euros con destino a la cuenta de la fundación panameña Lucum, de la que era beneficiario el monarca. El fiscal del cantón de Ginebra incluye así a Mirabaud entre los investigados en la causa que se sigue en el país helvético por blanqueo de capitales y cobro de comisiones irregulares. El motivo es la falta de transparencia sobre esa donación que Juan Carlos de Borbón recibió del rey Abdalá de Arabia Saudí. Mirabaud debía haber trasladado la información de esta sospechosa operación al Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS). En el Estado español, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) lleva a cabo tareas similares.

Hasta ahora, Mirabaud había prestado declaración ante Bertossa como testigo, explicando así ese secretismo: “La única razón por la cual se decide mantener la confidencialidad en el seno del banco del nombre de ese beneficiario era la siguiente: se trataba de evitar una dispersión demasiado amplia entre los empleados con la intención de mantener la discreción”. La decisión del fiscal de investigar el banquero se adoptó tras tomar una nueva declaración a los principales actores del caso y poner el foco en su presunta falta de diligencia en la recepción y el manejo de los 65 millones que transfirió el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí a Lucum a esta banca privada en Ginebra. Tras la pantalla de esta sociedad figuraba como primer beneficiario Juan Carlos I, y Felipe VI como segundo. La Casa Real señaló en su momento que el actual jefe del Estado desconocía su presencia en los estatutos de Lucum.

En calidad de investigados por presunto delito agravado de blanqueo se hallan también Arturo Fasana, el gestor externo de la cuenta del rey emérito; Dante Canónica, el abogado y director de Lucum; y Corinna Larsen, examiga del monarca a la que en 2012 Juan Carlos I transfirió los 65 millones a una cuenta en el banco Gonet & Cie en Nassau (Bahamas). El fiscal Bertossa ha podido acreditar que nadie del banco exigió ni recomendó que se declarara ese montante a la Hacienda española.

Este nuevo paso llega cuando se acaba de cumplir un año de la huida del emérito a Abu Dabi, donde reside desde entonces, tras una serie de acontecimientos, que se aceleraron a raíz de su abdicación en junio de 2014, ligados a su vida privada y sus actividades financieras que le han terminado situando en el punto de mira de la justicia. Su marcha del Estado español se produjo tras desvelarse en marzo de 2020 el generoso regalo millonario a Juan Carlos I por parte de Arabia Saudí.

Asimismo, hace 14 meses la fiscala general del Estado, Dolores Delgado, encargó al fiscal de Sala del Tribunal Supremo de la especialidad de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos, las diligencias respecto al supuesto cobro de comisiones por Juan Carlos I por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas. La investigación se derivaba de las diligencias abiertas en diciembre de 2018 por Anticorrupción para aclarar el destino de 80 millones de euros que según Corinna se habrían repartido entre otros el emérito por la citada adjudicación en 2011. El pasado noviembre la Fiscalía del Supremo anunció dos nuevas investigaciones. La primera, por el uso por parte del emérito y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que ninguno de ellos figuran como titulares los años 2016, 2017 y 2018. Dado que los gastos superaban los incrementos de renta no declarados por encima de los 120.000 euros, la Fiscalía previno de que podrían constituir delito fiscal. La segunda está relacionada con la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre de Juan Carlos de Borbón en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

La demanda de Corinna. Recientemente Corinna Larsen presentó una demanda contra el emérito ante la High Court de Londres en la que reclama una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por el gasto derivado de la “instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección”, y por el monto que le supuso la contratación de “exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno” para que interviniesen de cara a “poner fin al acoso” que ella denuncia.