- La Comisión Bilateral Estado-Generalitat se reactivará mañana con una reunión, la primera desde 2018, a la que el Gobierno catalán acudirá con el propósito de desencallar 56 traspasos a Catalunya y obtener más recursos para prestaciones sociales e infraestructuras. No entrará, en cambio, en reivindicaciones políticas como la amnistía y la autodeterminación, cuestiones que piensa plantear en la mesa de diálogo prevista para septiembre.

La reunión del lunes, en Madrid, será la primera que celebre la Comisión Bilateral Estado-Generalitat desde el 1 de agosto de 2018, aún bajo la presidencia de Quim Torra. Con la reciente remodelación del Gobierno central, el Ejecutivo catalán temía que la reunión quedase aplazada hasta después del verano, pero finalmente la nueva ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, acordó celebrarla este próximo 2 de agosto. Rodríguez liderará la delegación del Ejecutivo español.

La delegación catalana estará presidida por la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, junto con el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, y otros cargos de sus respectivos departamentos, además de la delegada de la Generalitat en Madrid, Ester Capella. Dos cambios fundamentales han sucedido desde entonces: la presidencia de la Generalitat ha pasado de JxCat a ERC -ahora el president es Pere Aragonès, aunque los dos socios independentistas siguen compartiendo el Govern- y los nueve presos del 1-O han salido de la cárcel gracias al indulto concedido por el Gobierno en junio.

ERC quiere imprimir un mayor pragmatismo en la gestión del Govern y necesita evidenciar que la vía de la negociación con el Estado va dando sus frutos, con avances al menos en cuestiones del día a día, mientras que en JxCat muestran su escepticismo ante los acuerdos que se puedan alcanzar. Vilagrà, estrecha colaboradora de Aragonès y segunda voz de ERC con más jerarquía en el Govern, ya ha dicho que espera que la reunión del lunes de la Comisión Bilateral sirva para desbloquear “56 traspasos pendientes”, que la Generalitat quiere que se hagan efectivos “con rapidez y con una financiación adecuada”. Pero consciente de que en una sola reunión será imposible resolver todas las cuestiones sobre la mesa, el Govern aspira a cerrar un “calendario de trabajo” para otoño, con el fin de que en los próximos meses se puedan materializar los traspasos. Algunos temas deberán tratarse más adelante en la Comisión de Transferencias, la Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales o la Comisión de Infraestructuras.

Entre las cuestiones prioritarias para el Govern figuran la regulación catalana de alquileres de viviendas, el traspaso de recursos del Ingreso Mínimo Vital o la protección de la lengua catalana en el proyecto de ley estatal del audiovisual. También espera concretar la transferencia de becas, formación sanitaria especializada, salvamento marítimo o inspección laboral. Además, reclamará la “deuda de 3.800 millones de euros” por los “incumplimientos continuados” de la disposición adicional tercera del Estatut, que prevé inversiones del Estado en infraestructuras.