- Las fuerzas soberanistas y Más País pidieron ayer al Congreso que cree una comisión de investigación relativa a la “neutralidad política” en el desempeño de la función de enjuiciamiento de la responsabilidad contable por parte del Tribunal de Cuentas, la sección encargada de las investigaciones abiertas contra ex altos cargos de la Generalitat y el órgano conocido como Diplocat.

La iniciativa, que lleva la firma de ERC, Junts, PDeCAT, el BNG, la CUP, Bildu, Más País-Equo y Compromís, busca que la Cámara baja abra pesquisas sobre “las presuntas irregularidades cometidas” por este órgano en su función de enjuiciamiento de la responsabilidad contable. Así, demandaron que se aclaren las “conexiones y vinculaciones personales de los consejeros y su incidencia sobre el principio de independencia”, así como la “naturaleza política de las acusaciones” que, a su parecer, se han dirigido contra los independentistas catalanes. En definitiva, buscan que el Congreso determine si el Tribunal tiene “legitimidad” y “competencia” para llevar a cabo estos procedimientos por responsabilidad contable y con qué “límites” debe desarrollar su función jurisdiccional.

En la exposición de motivos de la iniciativa, los ocho partidos denunciaron que, pese a que el Tribunal de Cuentas constata “irregularidades” de variada índole en sus distintas fiscalizaciones, después no exige “responsabilidad” por ellas y se limita a “recomendar mayor diligencia en materia de planificación, contratación, seguimiento o control” por parte de las entidades que analiza.

Para los firmantes de la petición, “esta situación contrasta” con la actuación llevada a cabo por el órgano que preside María José de la Fuente en relación con los procesos judiciales y causas policiales contra el independentismo catalán. En este contexto, recuerdan que hasta ahora ya se han abonado más de 15 millones de euros en concepto de fianzas -“algunas de ellas duplicadas”- en el marco de procedimientos derivados de la consulta del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum del 1-O de 2017.

Los firmantes denuncian la “naturaleza confiscatoria y disuasoria” de las fianzas exigidas a los cargos independentistas y plantearon que la Cámara se pronuncie sobre ello, así como acerca de la “incidencia” de la actuación del tribunal sobre el ejercicio de la libertad de expresión, la libertad ideológica y el pluralismo político.

Por último, los impulsores de la iniciativa pidieron que el Congreso investigue asimismo sobre “la autoría material de todas las operaciones irregulares”, la “responsabilidad” en la que se ha incurrido por ello y “los perjuicios causados a las arcas públicas”.