Juristas denuncian que la Audiencia bloquea la reinserción de presos de ETA

En esta mesa redonda celebrada ayer en Donostia bajo el título ¿El lobby en la Audiencia Nacional? participaron la jueza del TSJPV Garbiñe Biurrun, el jurista y exdiputado del PNV Emilio Olabarria, el abogado Txema Matanzas y la jurista de Instituciones Penitenciarias Puerto Solar. Todos ellos se mostraron unánimes al denunciar los “obstáculos” que la Audiencia está poniendo con el objetivo de impedir que los reclusos del EPPK obtengan beneficios, permisos o avances en su situación en las cárceles españolas, “trabas” que no se corresponden con el actual tiempo político y social tras la desaparición de ETA.

En esa vía ahonda también el informe de Behatokia presentado por el Foro Social y que analiza “los obstáculos sistemáticos que se están produciendo en el seno de la Audiencia Nacional en relación a los itinerarios de reintegración de las personas presas”. El documento denuncia en concreto la actitud de la sección primera de la Sala de lo Penal de la AN, presidida por la magistrada conservadora Concepción Espejel y que, a la par que el juzgado central de vigilancia penitenciaria y el Ministerio Fiscal, pone en práctica “un bloqueo en procesos que deberían ser fluidos”, como los cambios de grado o los permisos de fin de semana.

Así, en esta sección primera de la Sala, con una terna de magistrados a elegir entre un total de cinco, se ha impuesto una mayoría de jueces de corte conservador que hacen todo lo posible por “demorar” los beneficios penitenciarios de los exmiembros de ETA que cumplen condena en el Estado. Con una correlación de cuatro jueces conservadores por uno progresista, el Foro Social también denuncia que las ponencias de este último, Juan Ramón Sáez Varcarcel, son tumbadas reiteradamente por el resto de sus compañeros de Sala.

Los promotores de este informe ven “pasos importantes” en el ámbito de los presos con los acercamientos del Gobierno español pero lamentan que “aún hay estamentos que proyectan oscuras sombras” y actitudes de “una agenda anti resolución” que despliega la Audiencia Nacional. Según los portavoces del Foro Social Teresa Toda y Aitzol Asla, “se ha avanzado pero es momento de más pasos adelante” en clave penitenciaria.

Por su parte, los juristas participantes en la mesa redonda de ayer creen que la legislación antiterrorista debe dejar de aplicarse en estos casos, una vez se ha producido la disolución de ETA y ante el inexistente riesgo de reincidir de este colectivo de reclusos.

En esa línea, el exdiputado y exvocal del CGPJ Emilio Olabarria denunció la existencia de un “viejo estilo” en la aplicación de la ley en el Estado que es “hijo de las cenizas del antiguo Código Militar”. Cree que el entramado jurídico español tiene elementos anacrónicos, como la existencia de un juzgado central de vigilancia penitenciaria o la sección primera de la Sala de lo Penal, que no existen en otros países. Asimismo, Olabarria recordó que las instituciones de la UE ya rechazaron la dependencia de la Fiscalía a la Administración, como ocurre en el Estado. “La legislación antiterrorista ha sido recusada por Estrasburgo continuamente”, señaló.

Por su parte, la jurista de Instituciones Penitenciarias Puerto Solar, que ha ocupado cargos de responsabilidad en prisiones españolas, reforzó la tesis de que la legislación vigente no se corresponde con la realidad actual en los que a los presos de ETA respecta. “Nos confundimos en tratar en grupo lo que hay que tratar de forma individualizada ahora que nos enfrentamos a una realidad distinta. Les tratamos como grupo monolítico, como algo especial, y se nos olvida un principio del siglo pasado que es la individualización”, argumentó Solar, que cree que actualmente estos reclusos tienen que superar “una carrera de obstáculos” que les hace “casi imposible” avanzar en la progresión de grados y en su reinserción.

También intervino en el coloquio el abogado Txema Matanzas, con dilatada experiencia como defensor de reclusos del EPPK, que respaldó las tesis del informe del Foro Social e insistió en identificar a la Sala de lo Penal como uno de los principales problemas en la vía de la resocialización. “Se impone la férrea postura de Concepción Espejel”, denunció, antes de añadir que el juzgado central de vigilancia penitenciaria es otro de los escollos en este camino. “Los permisos de los presos se encuentran varados y 2021 va a ser un año perdido a efectos de avances de itinerario”, lamentó Matanzas, que observa un “choque” entre los poderes del Estado: “El Poder Ejecutivo adopta posiciones progresistas y apegadas a la ley y el Poder Judicial las obstaculiza”.

Por último, la magistrada Garbiñe Biurrun, que dijo pronunciarse exclusivamente “a título personal”, denunció la “lógica política clarísima” que desde los años 90 ha impregnado la política penitenciaria. “No digo que antes de eso no ocurrieran cosas terribles como la dispersión, pero posteriormente ocurrió una cosa muy llamativa: Instituciones Penitenciarias pasó de Justicia a Interior. Esto respondía a una voluntad muy clara respecto a las personas presas por delitos de terrorismo”, rememoró Birrun, que también enmarcó en esa estrategia política la creación del juzgado central de vigilancia penitenciaria en 2003. “Estas decisiones las han tomado los dos partidos mayoritarios y de ellos han arrancado muchos males. Las responsabilidades políticas no se pueden obviar ni olvidar”, concluyó.

Tras su salida de Justicia. El saliente ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el reingreso a su plaza en la Audiencia Nacional tras formalizarse el lunes su salida del Ministerio con el traspaso de cartera a Pilar Llop. De esta manera, Campo dispondrá de 20 días para incorporarse a su plaza en la Sala de lo Penal de la Audiencia una vez que el órgano de Gobierno de los jueces resuelva la petición. Hasta ahora, la juez María Teresa García Quesada había desempeñado temporalmente la plaza de Campo, mientras éste se encontraba en “situación administrativa de servicios especiales en la carrera judicial”.

“El Poder Ejecutivo adopta decisiones progresistas y el Judicial las obstaculiza”

Abogado de presos del EPPK

“Nos confundimos en tratar en grupo lo que hay que tratar de forma individualizada”

Jurista de Instituciones Penitenciarias

“La legislación antiterrorista ha sido recusada por Europa continuamente”

Jurista y exdiputado del PNV

“Las responsabilidades políticas del PP y del PSOE no se pueden obviar ni olvidar”

Magistrada del TSJPV