Los socialistas toman distancias con la apuesta del PNV por retomar en otoño el debate del nuevo estatus de autogobierno. El PSE sigue pensando que no es una prioridad en este momento y que las encuestas reflejan una preocupación a la baja por los debates identitarios. Idoia Mendia ha recibido con frialdad la intención del PNV de retomar la discusión a la vuelta del verano, un proceso negociador respaldado por el lehendakari Urkullu pero que genera mayores suspicacias en la vicelehendakari segunda. No es una sorpresa y en este asunto ya se conocen las discrepancias entre ambos socios de gobierno, que dejaron este punto fuera de su acuerdo. Pero, al menos, el PSE no cierra la puerta a la negociación y, si se pone sobre la mesa, no la esquivará y planteará que se aborde desde la “legalidad y la pluralidad”, tal y como ha defendido este jueves Mendia en la reunión del grupo parlamentario para hacer balance del curso político, en sintonía con los criterios adelantados por fuentes socialistas a este periódico.
A la espera de que el PNV abra contactos en septiembre para tantear las opciones, el PSE lanza señales de que no será posible registrar una proposición de ley conjunta en otoño. De saque, es posible que no haya fotografía unitaria, aunque habrá meses por delante para forjar un consenso posterior cuando el rodaje comience en el Parlamento. Mendia cree que “no conviene entretener” a la Cámara cuando se están “sentando las bases de una reconstrucción social y económica”, y pide que, en caso de que se recupere el debate, su contenido no suponga volver a “momentos de crispación”, en alusión implícita al Nuevo Estatuto Político del lehendakari ohia Juan José Ibarretxe.
En realidad, la apuesta por la legalidad no colisiona con el PNV, pero lo que entiende cada uno por legalidad difiere: los jeltzales defienden que la percha de los derechos históricos permite a Euskadi actualizar su autogobierno y realizar una propuesta al Congreso, pero el PSE pide una reforma constitucional previa para cuestiones como el blindaje del autogobierno porque creen que no se puede cambiar el modelo de relación con el Estado desde un Parlamento autonómico y, además, rechazan el derecho a decidir.
LOS JURISTAS
En la legislatura pasada, los juristas designados por el PNV (Mikel Legarda), PSE (Alberto López Basaguren) y Elkarrekin Podemos-IU (Arantxa Elizondo) alcanzaron un acuerdo parcial pero muy amplio sobre el articulado del estatus, con discrepancias como el derecho a decidir. Basaguren emitió un voto discrepante con ese punto, pero su mera aparición en las bases es razón suficiente para que el PSE no registre esa proposición de ley.
Mendia aseguró que el PSE va a “seguir siendo la garantía de la pluralidad y la legalidad” para “actualizar” el autogobierno, pero insiste en que en las últimas encuestas “la preocupación legítima por la identidad desciende de manera contundente, mientras se reclaman soluciones para el empleo, la vivienda, el turismo, la educación o la sanidad”.
Además, pide no “olvidar las lecciones del pasado, ni las más recientes de la pandemia, ni las más alejadas que llevaron a momentos de crispación y de crisis de convivencia, que no estamos dispuestos a que vuelvan”. “Existen ya propuestas articuladas que serían las que quien lo considere debería impulsar”, añadió.
REELECCIÓN DE MENDIA EN EL PSE
Mendia se refirió también al Comité Federal socialista del sábado. El proceso a nivel estatal, que culminará en octubre, dará paso al debate en las federaciones socialistas de todas las comunidades. En ese sentido, las fuentes consultadas por DEIA insisten en que nada ha cambiado desde que Mendia apostó por presentarse a la reelección para la secretaría general del PSE, un cargo que ocupa desde 2014. El proceso en el PSE culminará antes de que acabe el año y, a la vuelta del verano, podría realizarse algún anuncio. Mendia defendió en la reunión del grupo la “estabilidad institucional” que considera que ha ofrecido el socialismo en todas las instancias, también en el Estado, y tendió la mano para negociar proyectos de ley con la oposición en Euskadi aunque el Gobierno vasco de PNV y PSE tenga mayoría absoluta.