La rivalidad ERC-Junts convierte la investidura en un Vietnam

La mayoría absoluta obtenida por las fuerzas independentistas -con 74 de los 135 escaños del Parlament- parecía allanar el camino a la reedición de la coalición entre ERC y JxCat, con mayor implicación de la CUP en la gobernabilidad, pero la rivalidad crónica y la pugna estratégica entre los dos actuales socios del Govern están convirtiendo la investidura de Aragonès en un nuevo pulso agónico.

El 14F, ERC obtuvo 33 escaños, uno más que JxCat y, según el pacto tácito entre independentistas, corresponde a los republicanos la presidencia de la Generalitat, pero Aragonès ya acumula dos votaciones fallidas de investidura por la abstención de Junts. ERC cerró primero un acuerdo con la CUP, pero los 32 votos de JxCat son imprescindibles para investir a Aragonès, que esperaba ser elegido antes de la Diada de Sant Jordi, el 23 de abril, o antes del fin del estado de alarma, el 9 de mayo, fecha más verosímil. JxCat ha aplazado su congreso extraordinario del 24 de abril hasta los días 7 y 8 de mayo, lo que permite pensar en un posible acuerdo previo a esas fechas, aunque el límite es el 26 de mayo: si en esa fecha no ha habido investidura, serán convocadas nuevas elecciones.

Tanto el secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, principal negociador de su partido, como la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y otras voces de este espacio han planteado la posibilidad de, si no hay acuerdo, investir a Aragonès y pasar a la oposición. Es un escenario que abocaría a ERC a un débil Govern en solitario, o con algún socio a su izquierda -la CUP o En Comú Podem-, aunque en las filas republicanas se percibe como un farol de JxCat. De hecho, fuentes de JxCat consultadas por Efe ven “muy improbable” quedar fuera del Govern y, de hecho, la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, ya se ha pronunciado públicamente a favor de que su partido esté en el futuro ejecutivo con ERC.

Uno de los escollos iniciales para el acuerdo fue el papel que debe jugar en esta legislatura el Consell per la República, espacio parainstitucional liderado por Carles Puigdemont desde Waterloo. Aragonès ya advirtió en el discurso de su investidura fallida de que no admitirá “tutelas”, y ERC y la CUP han pactado crear un espacio autónomo de coordinación entre las fuerzas independentistas, al estilo del Estado Mayor del procés que organizó el referéndum del 1-O.

El acuerdo ERC-CUP prevé dar dos años de margen a la mesa de diálogo con el Estado, para evaluar en 2023 sus frutos y decidir si se sigue por esta vía o se emprende un “embate democrático” que podría traducirse en otro referéndum de autodeterminación. JxCat exige mayor concreción en el plan B y, en lugar de poner el énfasis en buscar una salida negociada con el Estado, en la que no confía, pide prepararse para retomar la vía unilateral para hacer valer el más del 50% de votos a las listas independentistas el 14F.

Para evitar los enfrentamientos de la legislatura anterior, ERC y JxCat negocian constituir comisiones de seguimiento del acuerdo, para monitorizar su cumplimiento y sofocar posibles crisis. ¿Pero debe haber unidad de acción del independentismo más allá de un Govern de coalición y del Parlament? JxCat cree que sí, en cualquier ámbito institucional, para desplegar la hoja de ruta que se acuerde y para presionar al unísono al Estado, pero no lo ve igual ERC, que quiere disponer de margen de maniobra en Madrid.

ERC dispone de 13 escaños en el Congreso, más que todas las demás fuerzas independentistas juntas, y de hecho JxCat solo tiene cuatro diputados, ya que rompió relaciones con el PDeCAT, que también tiene cuatro, por lo que los republicanos se niegan a supeditar a Junts su voto en cuestiones como los Presupuestos del Estado o en leyes e iniciativas en los que pueden marcar perfil propio.