Corría el año 2006 y era día de pleno en el Congreso de los Diputados. El actual vicelehendakari y presidente de la Comisión de Transferencias, Josu Erkoreka, era entonces portavoz del PNV y tenía un papel destacado en la negociación de las materias que recoge el Estatuto de Gernika. Enfrente se situaba el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, un presidente con quien el diálogo llegaría a ser especialmente fructífero por su situación de debilidad parlamentaria y su necesidad de apoyos para aprobar los Presupuestos. Con él se pactaría un bloque histórico de traspasos en 2010, dando continuidad a la sintonía que había permitido transferir las políticas activas de empleo. Pero, por muy celebrada que fuera la buena relación entre Zapatero y el PNV, ese pacto volvería a orillar las dos transferencias tabú: la gestión de las prisiones y el régimen económico de la Seguridad Social. Las intocables. En aquella sesión del Congreso en 2006, Zapatero ya apuntaba a Erkoreka dónde se situaban las líneas rojas del PSOE. Le pidió que tuviera el "don de la oportunidad" y no pidiera la transferencia de Instituciones Penitenciarias a Euskadi porque esa transferencia no tendría lugar al estar afectados "intereses determinantes de la seguridad del Estado".

El viernes pasado se alcanzaba finalmente un acuerdo para comenzar a gestionar las cárceles vascas el 1 de octubre y caía ese velo histórico que ha cubierto durante más de cuatro décadas el traspaso de las prisiones, una competencia que, además, hasta la fecha solo ha gestionado Catalunya. La desaparición de ETA y su disolución en 2018 propiciaron una mirada diferente del Estado hacia esta transferencia, que siempre se había vinculado a la política antiterrorista por el control que permite ejercer sobre el colectivo de presos, y que en 2018 sería finalmente aceptada para formar parte del calendario de traspasos del Gobierno español del socialista Sánchez. La exdirectora general de Instituciones Penitenciarias con el PSOE, Mercedes Gallizo, dejaba patente el cambio de discurso de su partido ante el nuevo escenario, y aseguró que podría ser el momento de poner fin al alejamiento de presos y de abordar la transferencia de las cárceles. Comenzaba a levantarse el veto, tras años en los que también los gobiernos del PP de Aznar y Rajoy pusieron en cuarentena este asunto con la suposición de que el Gobierno vasco iba a dispensar un trato más benévolo a los reclusos de ETA.

Pero el traspaso se explica también por razones políticas, por la presión del PNV desde su posición de influencia en el Congreso, y el marcaje estrecho del lehendakari, quien había exigido poner fecha esta semana a la Comisión Mixta. El PNV participó en la moción de censura de Pedro Sánchez que puso fin al Gobierno de Mariano Rajoy y, desde entonces, ha sido un socio prioritario de los socialistas, con quienes mantiene, además, una íntima colaboración en los gobiernos conjuntos de la comunidad autónoma. El traspaso de prisiones ha dejado de ser un tabú, y tampoco lo es ya el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, previsto en principio para el año próximo, aunque nadie oculta que el acuerdo será muy complejo.

Aunque el pacto de prisiones se hará oficial en la Comisión Mixta de Transferencias prevista para el 10 de mayo, el Gobierno vasco ha podido abrirle paso en un contexto político difícil, en puertas de las elecciones a la Comunidad de Madrid, donde la derecha española puede utilizar este argumento para desgastar al PSOE. Ayer ya lo mencionaron tanto el PP como Ciudadanos. Al margen del valor político que conlleva gestionar una de las materias potentes del Estatuto, desde el punto de vista social permite al Gobierno vasco, dentro de la ley estatal y con el control del juez de vigilancia penitenciaria, desplegar un modelo propio, más inclinado hacia al reinserción y el régimen abierto, siempre y cuando exista un trabajo previo con los presos y una evolución personal.

Durante años ha sido inevitable que se vinculara públicamente este traspaso con los presos de ETA por el peso de años de violencia pero, en realidad, y a expensas de que pudieran agilizarse los acercamientos de reclusos a cárceles vascas, son solo una treintena en los penales de Zaballa, Martutene y Basauri. El grueso de los 1.300 presos son comunes y, de ellos, un centenar son mujeres. El Ejecutivo vasco asegura que está preparado para asumir la gestión, y cuenta con el bagaje de la justicia juvenil, donde saca brillo a que la cifra de reincidencia es inferior al 20%. Ha fichado al juez Jaime Tapia, quien ha participado en actividades terapéuticas con los reclusos en la cárcel de Zaballa y domina el ámbito penal, civil y juvenil. El reto lo asumirá la consejería de Beatriz Artolazabal, y será un reto titánico para toda la legislatura.

El traspaso ha sido celebrado por la práctica totalidad del Parlamento Vasco, lo que refuerza al Gobierno de Urkullu para avanzar en la reinserción con los criterios avalados en su momento por la Cámara. La única parlamentaria de la ultraderecha de Vox lo rechaza, y PP+C's volvió a extender ayer la sombra de la sospecha. El líder del PP, Carlos Iturgaiz, llegó a leer el pacto como un guiño de Sánchez a EH Bildu y vaticinó cárceles "resort" como en Catalunya, en un apunte en Twitter.

En Radio Euskadi, la jeltzale Maria Eugenia Arrizabalaga abogó por una "visión mucho más humanista". Desde EH Bildu, Iker Casanova reprochó la falta de avances en el nuevo estatus, pero celebró que el acuerdo "abre el espacio a realizar unas políticas propias diferenciadas". Además, matizó que, a pesar de que "algunos siempre han tratado de focalizar en los presos relacionados con el conflicto vasco", los trabajos van a tener incidencia en la delincuencia común. Desde el PSE, Ekain Rico ve una prueba del compromiso socialista con el Estatuto. Por parte de Elkarrekin Podemos-IU, David Soto deseó conocer los detalles del modelo y valoró que se cumpla el Estatuto. El popular Carmelo Barrio vio "normal" que haya traspasos, pero se negó a que "la visión humanista se convierta en trato de favor" a ETA.

Sortu. Sortu se manifestó ayer en las capitales de Hegoalde para asegurar que ha roto el "bloqueo" en los acercamientos.

EPPK. El colectivo oficial de presos, EPPK, critica en Naiz que el 57% de los reos ha denunciado torturas. "De la misma manera que los presos políticos vascos aceptamos el daño que hemos causado en nuestra acción, deseamos recibir el reconocimiento del daño que nos han causado, reconociendo que nos han torturado", dicen.