- La Unión Europea vigila por la mirilla a los estados. Va a ejercer una tutela sobre el reparto de los fondos para luchar contra el coronavirus y pide contar con las comunidades autónomas. El Gobierno español pierde de esa manera argumentos en su tentación de garantizarse el control absoluto, hacer y deshacer sin contar con las comunidades, y comportarse con los 70.000 millones que tiene preasignados como el dueño del balón que acude a jugar un partido de fútbol y decide las normas y cuándo se acaba la diversión. El reglamento europeo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) incorpora cada vez más menciones a la cogobernanza con las autonomías y carga de razones al Gobierno vasco y a la amplia corriente de territorios que piden mayor capacidad de decisión. Madrid se puede aferrar al carácter genérico del texto para diluir también la cogobernanza.
La versión definitiva de este texto, aprobado ya en el Parlamento Europeo, incorporó a última hora una nueva mención. Va un paso más allá y, además de pedir a los estados que consulten e impliquen a las comunidades, reclama que quede constancia de esa fase de consultas en un resumen. Tienen que explicar también cómo se reflejan esas aportaciones en el plan. En definitiva, aboca a una especie de rendición de cuentas para que los estados justifiquen y acrediten que ese diálogo ha existido y ha tenido frutos, y da mayor fuerza a la apuesta por la colaboración, más allá del desiderátum o la mera filosofía.
El reglamento pide a los estados que, a la hora de preparar su plan para implantar el dinero, incorporen “un resumen del proceso de consulta, llevado a cabo de conformidad con el marco jurídico nacional, de las autoridades locales y regionales, los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones juveniles y otras partes pertinentes, y cómo se reflejan en ese plan las aportaciones de las partes interesadas”. Este punto dota de contenido al considerando 34, en virtud del cual “las autoridades regionales y locales pueden ser socios importantes en la aplicación de las reformas e inversiones”, y se las debe hacer “partícipes y consultar debidamente”, de conformidad con el marco jurídico estatal.
El principal riesgo al que se enfrentan las comunidades autónomas consiste en que el Gobierno español despache este proceso consultivo esgrimiendo ante Europa sus conferencias sectoriales con las comunidades. Esas reuniones dan al proceso un aspecto formal de ser dialogado, pero en el fondo no garantizan que se otorgue capacidad de decisión a las comunidades para decidir a qué proyectos destinan el dinero de acuerdo con sus singularidades.
De hecho, las luces de alarma ya han saltado entre las comunidades y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha tenido que rectificar un primer reglamento que dejaba entrever su voluntad de control: se arrogaba tantos votos como las comunidades y las ciudades de Ceuta y Melilla, además del voto de desempate, de manera que siempre iba a ganar su postura. El decreto de los fondos, por otro lado, se aprobó en el Congreso con la elocuente abstención de Vox, de manera que no cuesta imaginar que el texto no es precisamente generoso con las autonomías. Si el PNV votó a favor fue porque apeló a la responsabilidad para no retrasar más la llegada del dinero, pero avisó de que se tiene que rectificar con enmiendas en la tramitación como proyecto de ley, y que su paciencia se agota. El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, no ha pedido a Montero forzar las costuras de la ley, sino aplicar un método que ya existe: el modelo de los fondos de cohesión Feder, donde el Estado se reserva la decisión sobre el 35%, y el 65% lo gestionan las instituciones vascas con su propio plan operativo. Pide que cada comunidad pueda pactar un plan plurianual (2021-2026) con el Estado. La inquietud de Azpiazu tiene que ver con que los Presupuestos estatales de 2021 dejan entrever una apuesta más centrada en el comercio y el turismo, y que no se ajusta a la apuesta de industria e innovación vasca. El lehendakari envió una carta a Sánchez para pedirle que tomara en cuenta el plan Euskadi Next, con 188 proyectos. La comunidad autónoma aspira a captar 5.700 millones para proyectos relacionados con el hidrógeno verde y la movilidad eléctrica, entre otros. Para el Gobierno Vasco es vital que el dinero se inyecte en proyectos verdaderamente tractores porque solo así será efectivo para la recuperación económica. Pero Montero niega a Azpiazu que se pueda implantar un sistema Feder y un reparto previo con las comunidades porque el MRR no es un fondo de cohesión para el desarrollo de autonomías y regiones, sino que es un plan finalista, vinculado a reformas e inversiones que debe cumplir todo el Estado en general. El presidente español, Pedro Sánchez, reunió el martes la comisión interministerial que va a dirigir este proceso.
Por otro lado, el lehendakari tendrá mañana una reunión con la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, una cita pendiente desde diciembre y demorada por el diálogo del Brexit y Gibraltar.
El resumen
El reglamento europeo para la gestión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, MRR, pide a los estados que incorporen a su plan “un resumen del proceso de consulta, llevado a cabo de conformidad con el marco jurídico nacional, de las autoridades locales y regionales, los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones juveniles y otras partes pertinentes, y cómo se reflejan en ese plan las aportaciones de las partes interesadas”. También añade que “las autoridades regionales y locales pueden ser socios importantes en la aplicación de las reformas e inversiones”, y se las debe hacer “partícipes y consultar debidamente”, de conformidad con el marco jurídico estatal.
70.000
Es el dinero preasignado al Estado español. El Gobierno Vasco aspira a que la comunidad capte 5.700 millones para 188 proyectos.
