- El Gobierno español pretende concentrar un poder mayor del que le hubiera gustado al Ejecutivo vasco en el reparto de los fondos europeos. El decreto del gabinete de Pedro Sánchez convierte al presidente en un supervisor constante del reparto del dinero a las autonomías. Además, se plantea un modelo tasado y un marco general para el reparto en 2021 donde la industria no tendría demasiado peso. El Gobierno de Urkullu asume que no puede tener una interlocución directa con Bruselas, porque las autoridades del club europeo han decidido que las inversiones se canalicen a través de los estados, pero esa barrera inicial no tendría por qué implicar que la gestión del Estado sea “absolutamente centralizada”.

Desde el Departamento de Hacienda que dirige Pedro Azpiazu explican a este periódico que deberían darle una vuelta al modelo de gestión, con una mayor capacidad de decisión de las autonomías. Plantean aprovechar las sinergias que existen en otras experiencias como los fondos Feder (fondos europeos de desarrollo regional), donde el Gobierno español se reserva el 35% para invertir en la comunidad autónoma, pero el restante 65% lo gestionan las instituciones vascas con su propio plan operativo para orientar el dinero a las áreas que quieran potenciar. Supone una mayor capacidad para decidir con arreglo a su propia realidad y sin ajustarse tanto al plan tasado desde Madrid. Esta propuesta la ha formalizado Azpiazu para que la tengan en cuenta el Gobierno español y Bruselas.

Lo que está en discusión es el funcionamiento de los fondos Next Generation EU, todavía envuelto en una nebulosa. Se compone de varias herramientas. La más importante es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), del que corresponderían al Estado español 140.000 millones hasta 2026. De ellos, 72.700 adoptarían la forma de transferencias que no hay que devolver. Con la idea de acelerar la llegada del dinero al tejido productivo, Sánchez ha incorporado a los Presupuestos de 2021 una primera remesa de 27.000 millones que confía en que lleguen en el transcurso del próximo año. Sánchez ha diseñado un mecanismo por ventanillas (de las comunidades autónomas, las entidades locales, etc.) para que las empresas acudan a ellas, pero la última palabra la tendrá su gabinete. Azpiazu presentará una lista de proyectos el martes, y Sánchez tendrá de plazo hasta abril para cribar los que enviará a Europa, que debe autorizarlos y es la que fija los criterios.

El problema radica, según las fuentes consultadas, en que el Gobierno español está dando señales de primar el comercio o el turismo antes que la industria, un modelo que sí puede interesar a otras zonas como Andalucía. Lo que plantea el Gobierno Vasco es que las comunidades tengan una mayor capacidad de decisión, con el objetivo de confeccionar un traje a la medida de sus necesidades. No se trataría de inventar nada, sino que ya existe el modelo de los fondos Feder y, además, la responsable de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha colocado a Euskadi como ejemplo de innovación. Lakua también cree que es un modelo más ágil de gestión.

El consejero Azpiazu reconoció ayer en un encuentro empresarial que este asunto no está resuelto. Pidió una gobernanza “multinivel”, en lugar de que las comunidades se limiten a aplicar como “encomienda de gestión” un plan diseñado al “100%” desde el Gobierno español. “Aunque se nos ha asegurado que las comunidades autónomas participarán en la gestión de los fondos del MRR por diversas vías, todavía no se ha concretado”, dijo. La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, también presente en la cita, había criticado en Radio Euskadi la “centralización absoluta” por parte del Gobierno español: “Veremos si las propuestas que se han hecho desde el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, en el sentido de que la gobernanza puede ser similar a la que se utiliza para los fondos Feder, puedan ser tenidas en cuenta también y, de ese modo, tendríamos más capacidad de actuación. Ya hemos demostrado que lo sabemos hacer y que lo hacemos bien”.

Sánchez ha aprobado un decreto para constituir una Unidad de Seguimiento del Plan que le puede proporcionar información diaria sobre los fondos. Va a articular su reparto en ventanillas, pero se reserva la supervisión y las directrices políticas. El Ministerio de Hacienda se encargaría de un examen más técnico en términos de fiscalización o auditoría y rendición de cuentas ante Europa. Se ha hablado asimismo de una conferencia sectorial con las comunidades para mantener la colaboración. También se inaugura la categoría de los PERTE, los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, que tendrán prioridad frente a otros, pero deberán ser apadrinados por un ministerio. El PNV, socio preferente de Sánchez, concede una importancia nuclear al reparto de los fondos, que concentran la mayor parte del esfuerzo de reactivación de las Cuentas estatales y no han podido ser enmendados. El martes volvía a recordar que estará vigilante.

“Queremos un plan estratégico propio que encaje en las directrices europeas”

Consejero de Hacienda