El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha recalcado este martes que el Tribunal Supremo (TS), que ayer ordenó repetir el juicio al líder de EH Bildu Arnaldo Otegi por el caso Bateragune, solo actúa para hacer cumplir la ley y no para "criminalizar" a nadie.
Tanto Campo como la ministra portavoz, María Jesús Montero, han respondido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a preguntas sobre la sentencia del Supremo, las críticas que ha recibido y su influencia en las relaciones del Gobierno con EH Bildu, pieza clave en la tramitación de los presupuestos o de la reforma educativa.
El titular de Justicia ha declinado pronunciarse sobre una decisión judicial, pero ha dejado claro que en España los tribunales actúan para hacer cumplir la ley y "nunca" intentan "criminalizar nada".
Ambos han subrayado que las relaciones entre el Gobierno y las formaciones políticas están al margen de las actuaciones judiciales, porque todo el mundo es consciente de que la arquitectura constitucional fija una nítida separación de poderes.
"Las relaciones con las formaciones políticas están en otros entornos que no tienen que ver con los elementos judiciales y que se seguirán desarrollando en esos otros entornos sin entrar en cuestiones que no son de nuestra competencia", ha recalcado Montero.
Campo también ha sido preguntado por su planes para reformar el delito de sedición en el Código Penal y sobre la influencia de los informes del fiscal y del tribunal sentenciador a la hora de conceder un indulto.
Respeto a la reforma legal, cuya aprobación estaba anunciada para antes de final de año, ha explicado que se pretende armonizar el tipo penal con el del resto de los países europeos, con lo que están estudiando esos códigos penales.
En cuanto a los indultos, ha descartado que los informes determinen la postura del Gobierno, que hoy mismo ha aprobado cuatro y dos de ellos tenían el informe desfavorable del fiscal. "Hay que ir caso por caso", ha zanjado.
