- “Menudo día ha elegido Juan Carlos I -la festividad de la Constitución- para confesar que ha defraudado a la Hacienda española”. La valoración de Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, atañe a la regularización fiscal que el rey emérito pretende llevar a cabo por el uso de las tarjetas opacas que hicieron tanto Juan Carlos de Borbón como otros miembros de su familia en Casa Real, como su esposa. Un paso, desvelado ayer por el diario El País, con el que intenta evitar la investigación judicial que abrió hace más de un año la Fiscalía Anticorrupción y que ahora se encuentra en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo, ante el que está aforado el monarca. De ser aceptada por la Agencia Tributaria, el asunto se saldaría con el pago de las cantidades defraudadas y una multa. La declaración no está relacionada con sus posibles bienes en el extranjero, sino con el uso de las tarjetas bancarias por parte del emérito y sus allegados con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

El uso de las tarjetas se produjo entre 2016 y 2018, cuando el emérito ya había abdicado y perdido la inmunidad. El importe defraudado superaría los 120.000 euros en algunos ejercicios, límite a partir del cual se considera delito fiscal, castigado con hasta cinco años de cárcel. Según la ley, la regularización voluntaria puede presentarse en cualquier momento antes de que Hacienda abra una inspección o un juez cite a declarar como investigado por presunto fraude fiscal o blanqueo de capitales.

Según el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, “no hay duda de que este tipo de prácticas” no se han realizado solo después de que éste dejara la Jefatura del Estado, sino que era “algo habitual”. A su juicio, la inviolabilidad, tal como la interpreta la Constitución, “chirría, tiene menos sentido que nunca”.