- El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó ayer el anteproyecto de ley de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para adaptar la normativa española a las exigencias de la Fiscalía europea, aunque también por “coherencia constitucional”, justificando así el cambio de modelo por el cual la instrucción pasa del juez al fiscal, que también controlará la información sobre los procesos penales en fase de instrucción para limitarla a “lo esencial desde el punto de vista del interés informativo” y evitar así un “grave atentado” a la presunción de inocencia, según destacó el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Las asociaciones de jueces y fiscales no consideran problemático el cambio de modelo, ya que la instrucción fiscal está extendida en los países del entorno, pero creen que debe llevar aparejada una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para dotar de mayor autonomía a los nuevos instructores -algo que desde Moncloa tiene pensado hacer en el plazo marcado de un año- y reclaman más recursos materiales y humanos para abordar una transformación de tal envergadura.

Otro punto polémico es la nueva configuración de la acusación popular, que ya no podrán ejercerla las personas jurídicas públicas, los partidos políticos y los sindicatos, aunque se fija un catálogo de delitos que resultan idóneos para que los ciudadanos puedan defender una visión de la legalidad penal alternativa a la del Ministerio Fiscal, como en el caso de delitos de corrupción política. Se crea igualmente una segunda forma de detención preventiva “más leve”, con una duración máxima de 24 horas frente las 72 actuales, destinada a facilitar las actuaciones procesales que requieran la presencia del arrestado; se crea una comisión nacional de seguimiento de la prisión provisional; y se contempla un cese automático de los cargos públicos investigados por delitos de rebelión y terrorismo. En cuanto a diputados y senadores, solo será necesario tramitar el suplicatorio “si se solicita al juez una concreta actividad cautelar o si efectivamente se ejercita la acción penal”. En todo caso, según Campo, “el Gobierno tiene la primera palabra pero no la última”, abriendo la puerta a un proceso de debate con las fuerzas políticas para “afinar y concluir una nueva norma”. Este anteproyecto se enviará a las Cortes Generales para su conversión definitiva en ley. No obstante, se plantea una vacatio legis de seis años para su puesta en marcha.

En este contexto, el ministro volvió a instar al PP sobre la necesidad de alcanzar un acuerdo que permita renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el 4 de diciembre cumplirán dos años en funciones. “La no renovación no es una alternativa constitucionalmente aceptable”, apuntó, confiando en el consenso. “Estoy seguro de que el PP volverá a ser ese partido de Estado que queremos, que se atenga a dar viabilidad a la democracia”, dijo. Esperanza que contrasta con las manifestaciones del presidente del PP, Pablo Casado, quien el lunes negó que el pacto para la renovación del CGPJ esté prácticamente cerrado e insistió en sus condiciones: retirar la proposición de ley de reforma judicial de PSOE y Podemos, y excluir al partido morado de este proceso.