- El PP presentará mociones en ayuntamientos y Parlamentos autonómicos para exigir al Gobierno de Sánchez la retirada de la proposición de ley que han registrado en el Congreso PSOE y Unidas Podemos para rebajar la mayoría parlamentaria en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una reforma judicial que, a su juicio, lo que busca es modificar la Constitución por la “puerta de atrás” para “instaurar un nuevo régimen muy parecido a la dictadura bolivariana de Venezuela”. Fuentes de la dirección del PP señalaron que en esta moción buscan que otras fuerzas políticas se “retraten” y digan si están a favor de avanzar en la “despolitización judicial”.

Así, el PP argumenta en esta iniciativa que esa reforma judicial impulsada por el Gobierno de coalición “copia la que, en el año 2004, realizó Hugo Chávez para hacerse con el control de los jueces venezolanos”. La retirada de esa reforma judicial es la primera condición que el PP ha exigido al PSOE para poder sentarse a hablar de la renovación del CGPJ, a la que suman otras dos: dejar a Podemos fuera del proceso y avanzar en la despolitización.

En la moción, el PP exige al Gobierno, al PSOE y a Unidas Podemos que procedan a la “retirada inmediata” de esa proposición que rebaja la mayoría cualificada establecida en el artículo 122.3 de la Constitución para designar a 12 de los 20 miembros del Consejo, los 12 elegidos entre los jueces, pasando de los tres quintos de las Cámaras (Congreso y Senado) a mayoría absoluta. Según el PP, esa reforma judicial supone “un ataque frontal” a la Constitución, a la separación de poderes y a la independencia judicial, al tiempo que “institucionaliza el control del jueces por parte del Gobierno”. Además, cree que vulnera el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea al “romper con el compromiso democrático” que exige la Unión, “alejando” a España de los países más avanzados de Europa.

El PP sostiene que la proposición ha sido presentada por PSOE y Podemos, en vez de hacerlo el propio Gobierno de coalición, con el objetivo de “eludir la obligatoriedad” de contar con los preceptivos informes de órganos constitucionales: Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal y Consejo de Estado. A su entender, esto demuestra que la finalidad que persigue esta reforma es “dinamitar los consensos y la concordia” de la Transición.

Tras señalar que esa reforma representa una “degradación institucional e involución democrática”, subraya que registrarla cuando se están negociando los fondos europeos de reconstrucción “supone una grave irresponsabilidad” porque “hace peligrar” que España reciba ese dinero.

En la moción, se pide además al Gobierno que tramite la modificación legal propuesta por el PP para que los vocales del CGPJ de procedencia judicial “sean elegidos directamente por los propios jueces, no por la Cámaras ni los partidos políticos”.

El PP plantea también que las asambleas legislativas autonómicas “no podrán designar vocales en los Tribunales Superiores de Justicia” y “fomenta la imparcialidad de la Fiscalía al impedir que acceda al cargo todo aquel que haya desempeñado un cargo político, o de confianza política, en los últimos 10 años”.