- La muerte en prisión la semana pasada del preso de ETA Igor González Sola, posiblemente un suicidio, ha unido a nacionalistas catalanes, vascos, gallegos y a algunos partidos pequeños del Estado en torno a una declaración conjunta en la que afean al Gobierno de Pedro Sánchez por su responsabilidad en lo que parece un suicidio. Estas diez formaciones políticas, la mayoría de ellas representadas en el Congreso, culpan al Ejecutivo español de no "velar" por la vida del preso muerto en su celda y reclaman el fin de la actual política penitenciaria y la aplicación de una legislación acorde con el nuevo tiempo y conforme a los derechos humanos, con los presos de la banda ya desaparecida.

Los portavoces parlamentarios de EH Bildu, PNV, ERC, Junts per Catalunya, CUP, Más País (el partido liderado por Iñigo Errejón), BNG gallego, Compromís, Geroa Bai y Més per Mallorca han firmado una declaración conjunta en la que reprochan al Gobierno español el suicidio del preso de ETA, reclamando que se ponga fin a lo que consideran "política penitenciaria de excepción que se aplica a los presos vascos".

Igor González Sola, de 47 años, fue hallado muerto en el interior de su celda individual de la prisión donostiarra de Martutene, a media mañana del 4 de septiembre. Tenía cumplidas las tres cuartas partes de su condena el pasado mes de marzo y cumplía desde 2005 una condena de 20 años por los delitos de colaboración con banda armada, depósito de armas y falsificación de documento oficial. Algunas fuentes cercanas a la izquierda abertzale han subrayado que anteriormente ya había intentado el suicidio hasta en dos ocasiones.

En los últimos años se había distanciado de la oficialidad de la izquierda abertzale y de los presos y se había acogido a la legalidad penitenciaria, lo que facilitó su acercamiento a Euskadi. Había sido apartado del Colectivo oficial de presos etarras (EPPK) y había pedido su retirada del listado de presos de la asociación de familiares de presos Etxerat.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias aprobó en noviembre de 2018 su traslado de Madrid II al centro penitenciario de Soria, al considera que el recluso cumplía la "legalidad penitenciaria". Este verano fue trasladado a la prisión de Martutene.

Las diez formaciones políticas subrayan en la declaración que el preso debería haber abandonado la prisión en marzo de 2020 "al haber cumplido tres cuartas partes de la condena impuesta por los tribunales". Los firmantes recalcan que Igor González se encontraba enfermo y en tratamiento, "condicionantes que deberían haber conllevado la posibilidad de continuar el tratamiento fuera de prisión".

"El Estado tiene el deber de velar por la vida de las personas privadas de libertad, extremo que en este caso no se ha cumplido. El incumplimiento de estos derechos del preso le han llevado a morir en prisión y, por tanto, consideramos que no se han tomado todas las medidas necesarias que podrían haber evitado la muerte de González", señala el escrito fechado este 15 de septiembre por Gabriel Rufián (ERC), Laura Borrás (JxCat), Aitor Esteban (PNV), Mertxe Aizpurua (EH Bildu), Mireia Vehí (CUP), Iñigo Errejón (Más País), Joan Baldoví (Compromís), Néstor Rego (BNG), Koldo Martínez (Geroa Bai), y Vicenc Vidal (Més per Mallorca).

Los grupos parlamentarios firmantes reclaman una legislación penitenciaria "adecuada al nuevo tiempo, respetuosa con los derechos de los y las presas vascas, que ponga fin al alejamiento procediendo a su traslado a cárceles vascas y esté basada en los objetivos de normalización, pacificación y construcción de la convivencia que demanda la sociedad vasca".

Días después del fallecimiento del preso, Pedro Sánchez, afirmó que "lamenta profundamente" la muerte de Igor González, aunque defendió que la actuación de Instituciones Penitenciarias ha sido "correcta". En su intervención en el Senado, el presidente español defendió el tratamiento individualizado que se aplica a los reclusos de la banda, como fue el caso de Igor González, trasladado a Martutene teniendo en cuenta sus circunstancias personales y penitenciarias.