- En la dirección de Pablo Casado se muestran inquietos ante las novedades en la investigación de la operación Kitchen sobre el presunto espionaje a Luis Bárcenas desde el Gobierno de Mariano Rajoy. Así lo admitió ayer el alcalde de Madrid y nuevo portavoz de la Ejecutiva del PP, José Luis Martínez-Almeida, que reconoció que las últimas informaciones acerca del caso son “preocupantes” y el partido no puede hacer mutis por el foro ante lo ocurrido.
Las revelaciones, que afectan de lleno al PP y a antiguos dirigentes como los exministros Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal, cogen a los de Casado en un momento de debilidad política y abren otro frente en el dilatado historial judicial del partido. En cualquier caso, Almeida señaló en una entrevista en esRadio que están preparados para “lo que tenga que salir”, aunque criticó que el Gobierno español trate de “utilizar” la trama Kitchen como un elemento contra los populares y no para “desentrañar lo ocurrido”. En esa línea, el portavoz de Génova vaticinó “una tormenta aprovechada” por los “adversarios” del PP, “a los que no les interesa la Kitchen, ni la regeneración, ni la transparencia, ni la democracia”, sino atacar a la formación conservadora.
Almeida se expresó así después de que PSOE y Unidas Podemos registrasen el jueves en el Congreso su petición para que la Cámara cree una comisión de investigación sobre el caso de supuesto espionaje con fondos reservados desde el Ministerio del Interior. Este órgano parlamentario tiene apoyos suficientes para materializarse este mismo mes, y ayer mismo Ciudadanos anunció que se une a la iniciativa de los partidos de Gobierno.
El portavoz de la Ejecutiva de Pablo Casado cree que el PP no puede desligarse de su trayectoria ni de las actuaciones de sus antiguos dirigentes, pero tampoco puede “asumir” que el PSOE y Podemos pretendan deslegitimarlos como “principal fuerza de oposición” para dejarles “fuera de juego” en el Congreso. “Por ahí no vamos a pasar ni lo vamos a permitir”, advirtió José Luis Martínez-Almeida, que reclamó dejar trabajar a los jueces y al Estado de derecho. De esta forma, reclamó al fiscal que se guíe por los criterios de “objetividad e imparcialidad” y no por la pugna política.
Respecto a la comisión que ya tramita la Mesa de la Cámara Baja, ayer sumó un apoyo más. Se trata del de Ciudadanos, cuya presidenta, Inés Arrimadas, confirmó que respaldarán la investigación parlamentaria relativa al supuesto espionaje al extesorero Luis Bárcenas. “Nosotros siempre hemos apoyado las comisiones de investigación de casos graves de corrupción que están en los juzgados”, declaró en una entrevista en RNE. Lo que no precisó es si apoyaría la que han propuesto el PSOE y Unidas Podemos o la que plantean los grupos independentistas del Congreso, Más País-Equo y Compromís.
Por el contrario, Arrimadas no desaprovechó la ocasión para criticar al PSOE al considerar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “tapa la corrupción” de Unidas Podemos. Así, la líder naranja consideró “increíble y lamentable” que, mientras los partidos del Ejecutivo apuestan por investigar al PP, que está en la oposición, Sánchez “esté tapando la corrupción de Podemos”. A su juicio, ambos intentan “desviar la atención con otra comisión de investigación de otro caso que también es muy grave y que, por tanto, nosotros, evidentemente, apoyaremos”.
Los socialistas respondieron a las palabras de Arrimadas y defendieron que la trama que salpica al PP, en comparación con los asuntos judiciales de Unidas Podemos, es “extraordinariamente grave”. Según explicó el secretario general del grupo del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, la investigación al partido morado es “significativamente de menor alcance” y se ciñe a “una posible irregularidad en cuanto a la adjudicación de gastos electorales”, mientras que los casos que afectan a los populares tienen una mayor trascendencia. “Cualquier comparación me parece obscena”, afirmó Simancas en declaraciones a La Sexta, al tiempo que señaló que el caso de Podemos sobre los contratos con la consultora Neurona “tiene que dilucidarse en el marco de la justicia”, pero no con una comisión de investigación en la Cámara Baja.