- Es previsible que el reparto de los fondos europeos entre las comunidades autónomas del Estado español no sea plácido y desate tensiones entre los propios territorios y también con el Gobierno de Pedro Sánchez. La Unión Europea ha adjudicado 140.000 millones al Estado, de los cuales 72.700 llegarán en forma de transferencias directas que no hay que devolver, y lo ha hecho fijando como criterio que los fondos sean finalistas, se destinen a proyectos concretos, y que esas iniciativas contribuyan, entre otras cuestiones, a potenciar la transición ecológica y digital. Por lo tanto, técnicamente ha quedado desactivada la discusión habitual entre las comunidades que tratan de hacer valer su peso en el PIB o su población, o que piden más dinero si su renta per cápita es inferior. En ese sentido, Euskadi ha enviado una propuesta con 50 proyectos a Pedro Sánchez que toma como base los criterios europeos, se alinea totalmente con ellos, y pone en valor la relevancia de sus iniciativas, y no un criterio de reparto por PIB o Cupo, el dinero que paga a Madrid. El Gobierno Vasco no entra en detalles pero, según algunas fuentes extraoficiales, la posibilidad de que se tomara como referencia el Cupo del 6,24%, además, en este caso se quedaría por debajo de la traducción de estos proyectos en millones de euros y sería un criterio que le perjudicaría y que, para colmo, no es el que pide Europa. Ese 6,24%, en todo caso, podría ser un mínimo, pero no un máximo para la oferta vasca.
El criterio que maneja a nivel interno el Gobierno Vasco coincide con el que defienden las autoridades europeas: que el baremo del reparto del dinero sea la relevancia de los proyectos, y no el peso de cada comunidad en el PIB total, o su nivel de población. Son inversiones finalistas y Europa va a supervisar que las iniciativas se ajusten a los criterios establecidos. Como ya adelantó este diario, el lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu, envió la semana pasada al Gobierno español su listado con 50 proyectos. Sánchez es quien dirige la Comisión Interministerial para el reparto, y él mismo reconoció a finales de julio en la conferencia con los presidentes autonómicos que este fondo es “diferente, nuevo” y, en un ejercicio de pedagogía, pidió un esfuerzo para que las comunidades cambien el chip y no se ajusten a los criterios clásicos, sino que piensen en proyectos “tractores” que encajen en los ejes marcados por Europa, como la transición ecológica y digital, la igualdad y la cohesión territorial. Puede ser que él, o con mayor probabilidad alguna comunidad autónoma, tengan la tentación de guiarse por el PIB o atenerse solo al criterio de la cohesión territorial: que los proyectos vascos no sobrepasen en valoración de millones de euros la cuantía del Cupo, el 6,24% que paga Euskadi a Madrid anualmente por los servicios que presta en suelo vasco.
Desde la consejería de Desarrollo Económico que dirige Arantxa Tapia explican a este periódico que quieren hacer valer la relevancia de sus proyectos, y no el criterio del 6,24%. Desde el departamento no sueltan prenda sobre las iniciativas ni su importe en millones de euros. En la oferta enviada por el lehendakari han participado diversos departamentos, y en la consejería de Tapia ponen en valor que en sus proyectos tienen un gran peso la industria y la innovación, criterios a los que Europa ciñe el reparto. En este terreno, Euskadi juega con ventaja.
Varias comunidades autónomas han tomado ya posiciones en esta discusión, como si fueran atletas en la línea de salida para una carrera de fondo. Las voces que se han alzado están apuntando en su mayoría a criterios que no tienen que ver con la finalidad de los proyectos. Castilla-La Mancha ha esgrimido la despoblación. Quiere que Europa tenga en cuenta ese criterio y lo justifica en que, si se busca la digitalización, tendrá que recibir más dinero aquel territorio que tenga una población más dispersa en el mundo rural. Andalucía, gobernada por la derecha, quiere hacer valer la renta, el desempleo y la población, con el argumento de que se ha utilizado para repartir el dinero entre los estados y debería trasladarse también a las autonomías. La Junta andaluza cree que ha salido perjudicada del reparto del fondo Covid de Sánchez y quiere compensarlo con el dinero europeo.
Si la discusión se ciñe a los criterios europeos sobre la innovación, Euskadi parte con ventaja por su peso industrial, que se hace notar en la oferta enviada a Sánchez, y que a su vez tendrá que ser remitida a Bruselas. Otras comunidades autónomas presionan para abordar la discusión en un Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se reúnen las comunidades de régimen común (no las forales como la CAV y Nafarroa) con el Estado.
Por el momento, el Gobierno Vasco no ha recibido ningún input del Ejecutivo español y desconoce qué fórmulas va a aplicar. Urkullu desvelará los proyectos de su lista en el primer Consejo de Gobierno de agosto, el martes de la semana que viene, en Miramar. Ese mismo día se espera que Sánchez aborde el asunto en un Consejo de Ministros, pero no está claro que vaya a tomar una decisión o que se adentre al detalle en las ofertas de las comunidades. Los fondos europeos se canalizan a través de los estados y, por ello, no opera la Comisión Mixta del Concierto Económico que rige las relaciones financieras entre España y Euskadi. La comunidad autónoma solo puede enviar su oferta a Sánchez y pedir que valore la idoneidad de los proyectos de innovación (donde lleva la delantera a otros territorios, como sucede con la inversión público-privada en las instalaciones de Gestamp para investigar sobre el coche eléctrico en Boroa).
Sin embargo, tiene a qué agarrarse porque sus criterios coinciden con los que defiende Europa, y el Consejo Europeo va a llevar a cabo una supervisión estricta para liberar las partidas en los próximos años con criterios como el impulso a la transición ecológica y digital. Las inversiones son finalistas, se destinan a proyectos concretos, y no cabe aplicar otros criterios. Los primeros fondos que llegarán al Estado español, un 10%, lo harán en la primavera de 2021.
En una entrevista con Europa Press, Tapia aclaró que siempre ha transmitido a Sánchez “la necesidad de que la relación bilateral, de que esa forma de trabajo sea de verdad de cogobernanza”. Aunque dijo que por parte del Estado “la situación ha sido tensada hasta el extremo” con el déficit y la deuda, espera que la “relación a futuro sea un poquito más fluida” y prime la cogobernanza en los fondos europeos.
Acuerdos. La consejera de Desarrollo Económico en funciones, Arantxa Tapia, reconoció en Europa Press las tensiones que han surgido con el Gobierno español a cuenta del cierre de la actividad industrial durante el estado de alarma, o por las resistencias que ha mostrado a la hora de cerrar un acuerdo para fijar los límites de deuda y déficit para este año. Sin embargo, aclaró que “la relación no se rompe nunca”, y apuesta por “buscar acuerdos” en el diálogo entre ambas partes.
“Espero que la relación a futuro con el Estado sea más fluida y prime la cogobernanza”
Consejera de Desarrollo Económico
