- El PP trata de sacar réditos a la oposición al denominado decreto de remanentes por el que el Gobierno de Pedro Sánchez, tras llegar un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), preveía que los ayuntamientos cedan sus remanentes al Gobierno y puedan disponer de 5.000 millones de euros este año y el que viene para impulsar la recuperación económica.

Ante la oposición a esta medida, oposición no solo del PP, sino de ocho formaciones políticas, entre ellas PNV y ERC, Sánchez se mostró el pasado miércoles dispuesto a seguir negociando con los ayuntamientos y los grupos parlamentarios. Y es que, a tenor de la oposición a la medida, el Gobierno no tiene los apoyos suficiente en el Congreso para corroborar el decreto ley.

En este contexto, el PP aseguró ayer que ha iniciado contactos con todos los grupos parlamentarios para intentar “derrotar” en el Congreso el decreto ley. Así lo anunció el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, en la clausura de un acto de los populares en Marbella. González Terol pidió a Pedro Sánchez que “abdique” de su intención de “expropiar” los ahorros de los ayuntamientos, a través de un real decreto, un decreto que el dirigente del PP ve “discriminatorio” y que cree que supone establecer un “corralito” y “la incautación y robo” de los remanentes de tesorería de los ayuntamientos, y sobre el que ha acusado a la ministra de Hacienda, María José Montero, de decir “muchas mentiras”.

Así, aseguró que el PP sí que ha planteado alternativas a este acuerdo y mostró la disposición de su partido a una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria “de manera inmediata” a través del trámite de lectura única para permitir que los ayuntamientos puedan gastar sus remanentes.

También anunció que su partido se sumará al manifiesto firmado por once alcaldes de ocho formaciones políticas distintas en contra de esta decreto “discriminatorio y expropiatorio” porque, aunque son partidos de diferente ideología, el PP mantiene con ellos “un profundo acuerdo en el desacuerdo” con la nueva normativa. Esta iniciativa forma parte de una batería de medidas puestas en marcha por el PP contra el decreto aprobado por el Gobierno