- Abu Dabi, República Dominicana, Portugal. Son varios los escenarios en los que se ha ubicado al rey emérito desde que el pasado día 3 del presente mes de agosto se supo que Juan Carlos I había abandonado el Estado español. Ayer fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien se sumó a la polémica abierta tras la marcha del emérito. Desde Argel, a donde acudió en visita oficial, el responsable español de Interior afirmó que la seguridad del rey emérito “concierne al estado español”, aunque se negó a dar detalles sobre cuál es su actual paradero.
“Es razonable y oportuno que el ministro de Interior por esas propias razones y circunstancias no dé ningún dato al respecto, pero lo que nadie puede olvidar es que estamos hablando de quien fue jefe del Estado en España, con lo cual su seguridad es una seguridad que evidentemente concierne al Estado español”, aseguró Grande-Marlaska en respuesta a una pregunta de los periodistas tras reunirse con su homólogo argelino, Kamel Beldjoud.
Grande-Marlaska ha viajado a Argelia para reforzar la estrategia de cooperación en la lucha contra la inmigración irregular, el terrorismo y la delincuencia organizada. El objetivo del viaje del ministro del Interior es también mejorar la cooperación entre España y Argelia en ámbitos como la protección civil, la formación policial o la seguridad vial, según ha informado el Ejecutivo español.
Resulta claro y evidente que el Estado español es el encargado de la seguridad de quien ha sido el rey durante cuatro décadas y, para ello, tiene que estar al tanto de sus movimientos, tanto dentro como fuera del Estado. Pero, de este modo, las palabras pronunciadas ayer por el ministro Marlaska -evidentes en su contenido- sirven, una vez más, para dejar en evidencia al presidente del Gobierno español.
En su comparecencia ante la prensa el 4 de agosto, Pedro Sánchez aseguró que “desconocía” donde se encontraba Juan Carlos I, que un día antes, el lunes 3 de agosto, había anunciado que abandonaba el Estado. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a la pregunta de “¿Dónde está el rey emérito?”, Sánchez, en lugar de decir que por cuestiones de seguridad no podía desvelar dónde se encontraba, respondió de forma tajante: “No tengo información”. Además, aseguró que, en todo caso, correspondía al propio Juan Carlos I o a la Casa Real dar a conocer ese dato.
Eso sí, desde un primer momento, el presidente español marcó diferencias entre la actuación del rey emérito y del actual inquilino de Zarzuela. “La Casa Real ha marcado distancias frente a estas supuestas conductas que pudieran ser irregulares [las de Juan Carlos I]”, aseguró. “La línea marcada por la Casa Real es, a mi juicio, la adecuada. Aquí no se están juzgando instituciones, se está juzgando a personas y el rey emérito ha dejado claro que está a disposición de la Justicia”, destacó. Posteriormente, en una carta a la militancia socialista, Sánchez defendió el pacto constitucional de 1978, que establece que el Estado español es una monarquía parlamentaria. “La Constitución no fue una cesión ni una concesión. El peor error que podemos cometer es regalar a los conservadores la exclusividad del legado constitucional. La Constitución fue una conquista alcanzada con la lucha y el sufrimiento de los demócratas antifascistas”, trasladaba Sánchez a la militancia del PSOE.
Lo cierto es que en el Gobierno español, un Ejecutivo de coalición, no existe una posición unánime en favor de la institución monárquica. Así, el ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, afirmó ayer que, más allá de las irregularidades que pudiera haber cometido Juan Carlos I, el problema es la monarquía, que impide apartar del cargo a quien participa en prácticas corruptas. A través de una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter, el ministro de Consumo señalaba que “la clave no es si Juan Carlos es buena persona, sino cómo y, sobre todo, por qué pudo hacer lo que hizo”. “Instituciones, no personas”, subrayó.
El ministro reivindicaba la “tradición política republicana”, que, según indicó, “va mucho más allá de la elección democrática del jefe de Estado”. Garzón reclamaba asimismo una democracia que no se limite a “exigir moralidad a los dirigentes y representantes públicos”, sino que disponga de “normas y reglas que impidan que cualquiera, por bueno que parezca al principio, pueda convertirse en corrupto”, y que “si llega el caso, se le pueda revocar del cargo”.
Además, Izquierda Unida solicitó ayer al Supremo que reabra la querella presentada contra el rey emérito y que se archivó el año pasado por el presunto cobro de comisiones, después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón haya reabierto la pieza del caso Villarejo sobre Corinna Larssen.
“Hablamos del anterior jefe de Estado, por lo que su seguridad concierne al Estado español”
Ministro del Interior
