La Sala de vacaciones del Tribunal Supremo ha rechazado este miércoles la adopción de medidas cautelares como retirada de pasaporte contra Juan Carlos I y ha recordado que el rey emérito no está investigado.
Según la providencia firmada por el presidente de la Sala, Francisco Marín, el alto tribunal desestima las peticiones de Òmnium Cultural alegando que el sistema procesal español no contempla la adopción de medidas cautelares respecto de quien no tiene la condición de investigado, como es el caso de Juan Carlos I.
El Supremo rechaza adoptar medidas cautelares contra el Rey emérito. Vídeo EP
Ómnium Cultural había registrado el martes, un día después de conocerse que el rey emérito había decidido fijar su residencia fuera de España, un escrito en el alto tribunal para que éste tomase ciertas medidas, dado que la Fiscalía está investigando si Don Juan Carlos habría cometido delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
Así, la entidad que dirige Jordi Cuixart había solicitado al Supremo que citara a declarar a Juan Carlos I en calidad de investigado y en caso de no comparecer, dictar orden internacional de detención. También había pedido que, como se desconoce el paradero del monarca emérito, ordenar la retirada de pasaporte y dictar prohibición de salida de territorio nacional, para el caso de que aún estuviera en España.
Querella por fraude fiscal y blanqueo
Estas medidas reclamadas por Òmnium Cultural, que han sido rechazadas un día después de registrarse, se unen a la querella que la entidad presentó hace un mes también en el Supremo contra Juan Carlos I por presuntos delitos de corrupción, blanqueo de capitales y fraude fiscal.
En la querella, Òmnium pide que se investigue la procedencia de la "fortuna" de Don Juan Carlos en posibles cuentas en el extranjero y que se requiera a Suiza el bloqueo de las cuentas en ese país porque hay "indicios suficientes para iniciar una investigación por corrupción" y porque la Fiscalía helvética también está indagando al respecto.
Esta querella fue registrada en el Tribunal Supremo el pasado 3 de julio y la Sala de lo Penal, que preside el magistrado Manuel Marchena, aún no se ha pronunciado al respecto.
