- El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, celebró ayer “la victoria jurídica” que ha supuesto la anulación de la sentencia del caso Bateragune que, según denunció, fue “una operación política urdida por las cloacas del Estado”. Asimismo, destacó que también se ha producido una “victoria política” porque la izquierda independentista es, diez años después, “más fuerte”.
Se refirió así en una rueda de prensa celebrada en Donostia a la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de estimar los recursos de revisión interpuestos por Rafa Díez Usabiaga, Arkaitz Rodríguez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y él mismo, y anular de este modo la sentencia de 2012 que les condenó a penas de entre seis años y seis años y medio de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista.
Además de Díez Usabiaga y Zabaleta, acompañó a Otegi el abogado Iñigo Iruin, quien destacó que “en el presente caso es evidente que la falta de imparcialidad objetiva afectaba a todo el proceso de enjuiciamiento y, por lo tanto, la nulidad debía ser total. Eso entendíamos y eso ha entendido también el Supremo”. Incidió por ello en que los encausados “no debieron ser condenados en ningún caso”.
Respecto a la inhabilitación para cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo que pesaba sobre Otegi -que le impedía ser candidato a procesos electorales hasta el 28 de febrero de 2021-, Iruin confirmó que eso ahora ha decaído y el líder de EH Bildu tiene “todos sus derechos políticos en vigor, por lo que se podría presentar a elecciones sin ningún inconveniente”. Advirtió de que queda pendiente el recurso de amparo interpuesto en su día ante el Constitucional sobre esta cuestión, aunque “puede que no se pronuncie ya a la vista de la sentencia del Supremo”.
Por último, el letrado sostuvo que “la pelea jurídica no ha concluido” y anunció que reclamarán que se declare la “responsabilidad patrimonial del Estado” por los perjuicios causados, razón por la que solicitarán una indemnización.
Por su parte, Otegi afirmó que la actuación que llevó a la cárcel a los encausados por Bateragune fue “una operación de Estado, sin base jurídica y urdida por las cloacas”. Una operación diseñada, prosiguió, con objetivos como “impedir la paz en nuestro país”. A su juicio, el Estado español “no tenía interés en que la izquierda independentista vasca cambiara de estrategia”, ya que “algunos estaban más cómodos en otros escenarios”. Como segundo objetivo apuntó “dividir a la izquierda independentista” de modo que “si se producía una escisión, mejor”. “Y por eso encarcelaron a los que creían que éramos los activos más importantes”, añadió, y denunció la intención del Estado español de “destruir el proyecto independentista y socialista”.
No obstante, Otegi destacó que hace diez años “la izquierda abertzale era ilegal, Barcina gobernaba en Navarra y Patxi López en la CAV”, pero diez años después “hemos sido capaces de vertebrar el proyecto nacional, independentista y de izquierdas”. “Hoy EH Bildu es la primera fuerza municipal en el sur del país. El crecimiento del independentismo de izquierda se produce de manera homogénea en los siete territorios. Quienes pusieron en marcha la operación de Estado hoy son más débiles y nosotros más fuertes”, argumentó.
Otegi consideró “curioso” que la sentencia se haya hecho pública dos semanas después de las elecciones del 12 de julio -“seguramente han tenido que alargar las deliberaciones para escribir un folio”, dijo-. Concluyó que los condenados han “pagado un precio muy duro”, pero están “muy satisfechos del trabajo realizado”. “Hicimos lo que teníamos que hacer y pagamos un precio. Por este país hemos estado dispuestos a pagarlo por tratar de construir un escenario mejor”, finalizó.