- El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ha ordenado a sus abogados que estudien la presentación de una denuncia contra el rey emérito, Juan Carles I, su examante, Corinna zu Sayn-Wittgenstein y “todos aquellos que de una forma u otra hayan participado, ayudado, cooperado o encubierto las prácticas corruptas” que supuestamente habrían cometido y que se han publicado las últimas semanas. El anuncio llega horas antes de la visita de los reyes Felipe VI y Letizia a Catalunya, dentro de su gira por las autonomías relacionada con la situación de la pandemia por el covid-19.

Esta denuncia, si se acaba presentando, aumentaría la presión contra Juan Carlos I y, de rebote, contra la monarquía española, la cual cada día que pasa está más cuestionada. No es casual que Torra haya hecho público su intención de querellarse contra el padre del actual rey horas antes de recalar en Catalunya.

En un comunicado, el Govern añade que la denuncia, que será preparada por el abogado Gonzalo Boyé, puede extenderse a todos aquellos que de una forma u otra hayan “participado, cooperado o encubierto las prácticas corruptas en las cuales habría sido involucrado el anterior jefe del Estado español y su entorno por un espacio de tiempo que todavía está para determinar”.

El Govern pretende determinar, según las informaciones publicadas, “la integridad de los hechos, quién habría participado, quién tiene que responder penalmente, y quiénes tienen que asumir la responsabilidad civil ex delicto”.

La responsabilidad civil ex delicto correspondería primero a los autores de los presuntos hechos y, después y subsidiariamente, a la Casa Real. E Govern alega que la Casa Real “es una entidad con personalidad jurídica propia, con capacidad para obligarse y sin inviolabilidad que, llegado el caso, permita exigirle responsabilidades ex delicto”.

Torra considera que la corrupción se tiene que perseguir con independencia de quien participe, y destaca que todas las personas son iguales ante la ley. Añade que, “a pesar de las dificultades de una denuncia de estas características”, son hechos graves y cuya presunta responsabilidad es del rey emérito, pero también de otras personas que no cuentan con la inviolabilidad con que sí cuenta Juan Carlos I.

Sobre el rey emérito pesa una investigación abierta por la justicia suiza respecto de una donación de 64,8 millones de euros que Arabia Saudí hizo a una fundación panameña, que tiene como primer beneficiario a Juan Carlos I. Este dinero serían comisiones a cambio de una rebaja del 30% que las empresas españolas que se encargan de la construcción del AVE de la Meca habrían hecho a las autoridades saudíes. Posteriormente ese dinero fue a parar a una cuenta suiza de la examante del emérito Corina zu Sayn-Wittgenstein.

No es la única carga de profundidad contra la monarquía por parte de los socios del Govern. A dos días de la visita de los reyes, el vicepresidente de la Generalitat y coordinador de ERC, Pere Aragonès, lanzó el pasado sábado duras acusaciones contra la dinastía de los Borbones, a los que calificó de “una organización criminal”. Por su parte, Òmnium, la ANC, ERC, JxCat y la CUP anuncian movilizaciones contra la visita real y pretendían acordonar e impedir el paso en diversos puntos. Estas organizaciones censuran el papel de la monarquía durante el procés, como han hecho en los últimos años.

Mesa del Parlament. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) juzgará a partir de mañana a los miembros de la formación JxSí en la Mesa del Parlament en la etapa de Carme Forcadell y a una exdiputada de la CUP por desobedecer al Constitucional para permitir la tramitación de las leyes del procés. El TSJC ha decidido mantener el juicio, pese a las nuevas restricciones en Barcelona por el coronavirus, por lo que la vista se celebrará tras haber sido aplazada en tres ocasiones.