ufetes de abogado, consultorías, estudios de arquitectura, explotaciones agrícolas que incluso reciben subvenciones, y hasta una farmacia y una clínica odontológica son algunos de los negocios privados que el Congreso va a permitir compaginar con el escaño de diputado.

Así se recoge en el informe aprobado por unanimidad en la Comisión del Estatuto de los Diputados y que está pendiente de debate en un próximo Pleno del Congreso. Pese a que la LOREG habla de “dedicación absoluta” a la labor parlamentaria, esta comisión tiene margen para autorizar extraparlamentarias.

En este primer informe de la legislatura, se autoriza a una quinta parte de sus señorías a compaginar su escaño con el ejercicio de su actividad profesional o con la gestión de sociedades de distinto tipo, además de 35 diputados que ocupan cargos municipales (12 alcaldes y 23 concejales).

De hecho, sólo figuran 56 diputados que declaran no tener ninguna otra actividad o cargo público que simultanear con su escaño. En esta lista aparecen, entre otros, los portavoces del PNV, Aitor Esteban, y de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, así como el coordinador de los parlamentarios del PSC en Madrid, José Zaragoza.

Entre las actividades permitidas destaca la abogacía. Hay una quincena de abogados ejercientes, y una buena parte tiene bufete privado propio. Entre ellos Patricia De las Heras (Vox), Genís Boadella (Junts), Celso Delgado (PP), Sara Giménez (Ciudadanos) y Carolina Telechea (ERC).

A todos ellos, en el informe se les avisa de que se les autoriza el ejercicio de la abogacía “sin la posibilidad de percibir remuneración del sector público y sin menoscabar el régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamentarias”.

Además, el diputado del PP Miguel Ángel Paniagua Núñez, indica que es socio al 50% de dos empresas de asesoramiento financiero, pero sin actividad de consultor, y que administra otras sociedades de las que participa en el capital. Y Adolfo Suárez Illana, miembro de la Mesa del Congreso, mantiene las dos empresas de la que es administrador único: Suárez & Illana Abogados S.L. (sin actividad) y Suárez & Illana Inversiones, S.L. de cuyos activos, según informa, no participa.

En el hemiciclo hay dos arquitectos que siguen con sus despachos: el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, y la diputada del PP Ana Zurita, aunque en su caso precisa que lo hace sin cobrar. Igualmente, el popular Juan Antonio Callejas, tiene su propia clínica de odontología y la socialista Ana Prieto cuenta con una oficina de farmacia.

Otra actividad consentida es la gestión de explotaciones agrícolas, aunque conlleve la percepción de subvenciones europeas de la PAC, como ocurre con la ex ministra de Agricultura Isabel García Tejerina, del PP, y dos diputados socialistas.

Así, se indica que el diputado socialista por Teruel Herminio Sancho Íñiguez es socio al 50% de SAT 82 ARA Mezquita de Jarque, dedicada a la activad agrícola y ganadera y ha recibido la compatibilidad pese a consignar que recibe subvenciones europeas y “otras ayudas públicas”. Eso sí, dice que él no percibe ningún tipo de ingreso de la empresa.

También se beneficia de fondos de la PAC la explotación agrícola familiar del diputado socialista por Sevilla José Losada, quien deja claro que no presta ningún tipo de servicios a la administración pública. Otra socialista, Josefa Andrés, comunicó que su marido cobra subvenciones por explotación de una propiedad rústica de la que ya informó en declaración de bienes.

Y la ex ministra García Tejerina, una de las diputadas con mayor patrimonio declarado, reconoce igualmente que percibe ayudas de la PAC para explotaciones agrarias. La comisión le da la compatibilidad “en la medida en que se trata de un régimen de ayudas de concesión reglada, basado en un procedimiento objetivo y cuya percepción no guarda relación alguna con la actividad política de los parlamentarios”.

Otro diputado del PP, el granadino Carlos Rojas, declara ser accionista minoritario de una sociedad agrícola cuyo objeto social son los productos tropicales y agrícolas, pero que no contrata con el sector público ni recibe subvenciones .

De su lado, el socialista Juan Francisco Serrano Martínez es accionista del 50% de distribuidora hortofrutícola Campos de Mágina, mientras que su compañero de grupo Juan Bernardo Fuentes Curbelo posee el 50% de una explotación ganadera de caprino -Ganadería Tetir SL-, el 30% de Quesos Tetir SL, la mitad de Promociones Verol SL, el 3% de Travel Trend Group y el 5% de TISMECA SL, además de ser administrador de una sociedad de asesoramiento fiscal, contable y administrativo.

Pero en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo también hay otra decena de diputados que podrán compatibilizar su escaño con negocios y sociedades de distinta índole.

Seis de ellos son de Vox. Víctor González Coello de Portugal, además de trabajar, sin cobrar, como asesor externo de la inmobiliaria Energreen Capital SL, tiene autorización para seguir como propietario de la mitad Management Productive Resources, empresa familiar, de la que es director general, que se dedica a la mediación para la compra venta de petróleo, sus derivados y materias primas.

Su compañero Pedro Jesús Requejo es socio administrador solidario de Powerstroom Tres SL, que produce y comercializa energía fotovoltaica. El también diputado de Vox Rodrigo Jiménez Revuelta tiene participaciones hasta en cinco empresas de asesoría y consultoría. Y Mireia Borràs, del mismo partido, es consultora de entidades del sector privado y socia al 51% de Goiplus Spain SL, con actividades inmobiliarias, de construcción, distribución comercial, industria manufacturera y textil .

Asimismo, Víctor Manuel Sánchez del Real es socio fundador y único propietario de Elocuent, S.L., y participa en otras dos sociedades (Blogs Business, S.L. y en Puntos básicos consultoría y servicios S.L), pero asegura que renunciará o cederá a terceros los derechos económicos que generen mientras sea diputado. Y Andrés Alberto Rodríguez Almeida, también de Vox, administra igualmente sociedades de naturaleza privada pero señala que “no mantienen relación con ninguna Administración Pública” ni incurren en causas de incompatibilidad.