arzo, sábado 14: “La autoridad competente en todo el territorio será el Gobierno” durante el periodo que dure el estado de alarma. 26 abril: “No vamos a dimitir de nuestra responsabilidad” en el proceso de desescalada. De principio a fin, desde su primera declaración hasta la penúltima, y en un tránsito de descoordinaciones, acusaciones de deslealtad, contradicciones y mediante un ejercicio de unilateralidad desde La Moncloa, la conferencia que cada domingo mantienen Pedro Sánchez y los distintos líderes territoriales, que mañana celebrará su octavo episodio, se ha convertido en una simple moviola de las consideraciones que en formato rueda de prensa traslada un día antes el presidente español tras las decisiones que su Ejecutivo ha adoptado obviando los planteamientos de las comunidades y nacionalidades del Estado español. Primero fue entronizar el mando único en el suministro de recursos sanitarios, lo que derivó en un absoluto fiasco en la compra de material, de mascarillas, test de detección y respiradores, principalmente; y lo último ha consistido en determinar la provincia como elemento sobre el que pivotará el desconfinamiento. Dos brochazos de un compendio de decisiones que han ido acrecentando el malestar en el seno del Gobierno vasco por el espíritu recentralizador en la lucha contra la pandemia, que también ha provocado un mayúsculo enfado en la Generalitat, pero igualmente en los feudos gobernados por la derecha y hasta fuego amigo en algunos gabinetes con socialistas al frente.
Desde aquella puesta en escena inicial de Sánchez en la que se estableció el aislamiento social, solo horas después de que se pronunciase el lehendakari y sin una comunicación desde Madrid, hasta el arranque de esta fase cero del deshielo del encierro, ha predominado un talante alejado de la idea plurinacional del modelo de Estado que prometió el Gobierno de coalición. El papel más importante lo asumió el ministro Salvador Illa, cuyo objetivo pasó a ser “garantizar la cohesión y la equidad en el trato dispensado a todos los ciudadanos españoles” al erigirse como mando único de la Sanidad en España. Pero el 27 de marzo, envueltos en la polémica de la escasez de recursos para evitar los contagios, el titular del ramo soltó que la “compra centralizada no significa compra única” y que “nunca” se habían retirado las competencias de los distintos territorios en este ámbito, en aras de descargar la responsabilidad que asumió en exclusiva el Ejecutivo de Sánchez cuando no pocas autonomías se vieron previamente obligadas a frenar las adquisiciones que ya tenían comprometidas en el exterior. Pero para entonces el Gobierno Vasco ya había entrado a combatir las resoluciones subjetivas procedentes de Madrid, como la que decretaba el confinamiento total de las empresas hasta acabar el periodo de Semana Santa y que podría generar, según Lakua, “un coma económico”. Ante el apagón total, y aunque Lehendakaritza logró reconducir el disenso, Iñigo Urkullu ya anticipaba a primeros de abril que la desescalada debería ser “gradual y compartida, que tenga en cuenta las especifidades de cada comunidad, las medidas de la Unión Europea y otros países del mundo”. Casi un mes después, y pese a reiterar al líder del PSOE que emplee “más criterios y menos tutelas”, Sánchez, que asimismo decidió confiscar el dinero destinado a políticas activas de empleo, ha seguido parapetado en su posición.
Lo cierto es que este foro telemático de presidentes no propicia el debate y se limita a generar tensiones territoriales. En algún momento la crítica ha sentado tan mal al socialista que ha replicado al resto de dirigentes afeándoles lo que ha sucedido en las residencias, competencia autonómica. “Enseñó los dientes”, relató alguno de los presentes en esas cumbres, quizás dirigiéndose a Isabel Díaz Ayuso, que comanda la Comunidad de Madrid, pero también a Catalunya. La respuesta a la emergencia sanitaria desde el punto de vista institucional ha aflorado dos tipos de obstáculos: por un lado, la supuesta existencia de 17 sistemas sanitarios batallando por separado contra el virus y un Ministerio de Sanidad vaciado de competencias, y, por el otro, un mando único gubernamental ineficaz por momentos. De ahí que el lehendakari abogara el pasado domingo por emular el modelo de “codecisión” de Alemania basado en la cogobernanza y la corresponsabilidad.
Este escenario aflora la eterna cuestión sobre el modelo territorial: ¿es el Estado de las autonomías también una rémora para afrontar la pandemia? Los barones socialistas han tratado de cerrar filas con Sánchez. Para Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura, “los problemas de coordinación en un momento determinado no están rompiendo la solidaridad. Nadie está negando la ayuda a los otros, no hay una frontera de egoísmo”. Pero su homólogo de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ya precisó que “no sé en qué posición quedamos los Gobiernos autonómicos ahora que la posibilidad del gran acuerdo para la restauración se ha llevado al ámbito parlamentario, creo que es bueno que se intente sumar a las autonomías”. Qué decir del intento desde La Moncloa de reimplantar una especie de Pactos de la Transición para la reconstrucción que tanto incomodó no solo al mundo soberanista sino también a otras formaciones periféricas y en el propio seno de Unidas Podemos.
La colaboración entre Administraciones viene funcionando a tres niveles: el ministro Illa se relaciona con los consejeros autonómicos de Sanidad en el Consejo Interterritorial de Salud; el delegado del Gobierno en cada autonomía lo hace con el consejero de protección civil y los alcaldes; y, por último, los presidentes autonómicos se dirigen a los ministros de Sanidad y Hacienda y otros miembros del Ejecutivo español. Pero presidentes territoriales de uno y otro signo se oponen a cualquier planteamiento recentralizador. “Sería un error. Gracias a las autonomías hay más profesionales, más tecnología y más infraestructuras”, argumentaba Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, del PP. “Si hubiera seguido en manos del Estado, la Sanidad tendría hoy un 40 % menos de recursos disponibles”, defendió Page.
Quim Torra ha sido de los más activos en enfrentarse al Gobierno del Estado. Desde antes incluso de que se implantara el estado de alarma el Govern rogó primero el confinamiento y luego el cierre total de empresas, o más recientemente una implantación de horarios en la desescalada. Y después de echar la culpa a la Generalitat desde Madrid y desde otros sectores por comportarse supuestamente con aires independentistas, el tiempo acabó dando la razón al president y se procedió a, más o menos, hacer efectivas sus propuestas, sobre todo cuando la curva de fallecimientos y contagios creció exponencialmente. Urkullu y Torra han ofrecido siempre lealtad y solidaridad a Sánchez en las reuniones, según varios participantes, que cuentan que el jefe del Govern se mostró incluso fraternal, instando a todos a que cuiden de sus familias y ofreciendo su ayuda a quien la necesite. Hasta que hace una semana instó al presidente español a devolverle las competencias para, sin ir más lejos, fijar horarios en la salida de los menores para evitar imágenes incívicas como la del primer día y porque “no se puede pilotar una desescalada a 600 kilómetros”. No es de extrañar que planteara que esta conferencia territorial se realice los sábados para que no sea “un eco” de lo que Sánchez ya ha decidido y transmitido a la ciudadanía la víspera.
La discusión sobre la inversión en Sanidad apenas ha ocupado gran parte del debate público hasta ahora, centrado en la búsqueda de responsables ante la pandemia. Entre los países desarrollados hay Estados modernos -Corea del Sur ha tenido una respuesta vanguardista, con un confinamiento tecnológico- y otros que se han quedado anticuados. La controversia sobre si un Estado jacobino o descentralizado afronta mejor una emergencia sanitaria no debe eclipsar una realidad que supera cualquier organización territorial: los recursos. Pero el covid-19 ha deshilachado aún más las costuras del esqueleto territorial esp añol, que requiere de una revisión a fondo, mientras la Corona, amén de un monólogo de manual por boca de Felipe VI y la efímera alocución de sus infantas, se ha mostrado como lo que es en este entramado: absolutamente prescindible. “Me ha sorprendido esta irrupción del pluriprovincialismo, cuando pensábamos que había en Madrid un gobierno que había preconizado la plurinacionalidad como principio inspirador de estructura del Estado”, reflexionaba el responsable de la política territorial del Gobierno vasco, Josu Erkoreka. “Recuerdo que los presidentes autonómicos somos representantes del Estado en la comunidad, ¿qué más autoridad competente es necesaria?”, se pregunta el lehendakari Urkullu.
Sánchez se erigió en única autoridad competente en todo el Estado el 14-M y luego delegó en la compra de materiales sanitarios
El anuncio del cierre total de empresas no esenciales afloró el malestar de Lakua, acrecentado con el plan centralista de desescalada
Frente a la “codecisión” a la alemana que ha propuesto Urkullu, Sánchez se limita en las reuniones a trasladar resoluciones ya anunciadas
El intento de reeditar los Pactos de la Transición solo sirvió para ensanchar la brecha política y ahondar en la posición recentralizadora
