Bilbao - El acuerdo entre el PSOE y ERC que posibilitó la investidura de Pedro Sánchez y el Gobierno de coalición ha traído consigo la voluntad del recién reelegido presidente de desjudicializar en la medida de lo posible el conflicto catalán, más si cabe cuando los votos soberanistas se antojan clave para que la legislatura pueda perdurar. Así, ya se perciben tímidos intentos por parte de La Moncloa de procurar devolver la cuestión de Catalunya al terreno de la política.
En esa línea, esta semana se ha puesto encima de la mesa la revisión a la baja del delito de sedición, por el cual están condenados los independentistas presos. La idea es que una reforma de su tipificación pueda rebajar las condenas de Oriol Junqueras, los exconsellers y los Jordis, así como de Carme Forcadell. Ayer, tanto el PNV como el Ministerio de Justicia se mostraron favorables a estudiar cambios en el Código Penal para tratar de desinflamar la tensión entre la Generalitat y el Estado a lo largo de esta legislatura, y no dudaron en tachar la sedición de anacrónica.
Según explicó en una entrevista en Antena 3 Andoni Ortuzar, los jeltzales creen que el actual Código contiene "algunas figuras que chirrían con el corpus jurídico europeo", en relación a las de sedición y rebelión. Cree el presidente del EBB que esos dos delitos responden "a un país que salía de una dictadura y que tenía un ejército que podía tener elementos proclives al golpe", más que a un Estado actual de la Unión Europea.
Por ello, Ortuzar defiende que España debe ir "convergiendo con Europa en temas de Código Penal", ya que la normativa jurídica española "se ha quedado un poquito obsoleta y se ha desposicionado de lo que es habitual hoy en Europa". El líder jeltzale puso como ejemplo las euroórdenes contra dirigentes independentistas catalanes, que fueron tumbadas porque "los tipos penales españoles no se comprenden bien" en la Unión.
Andoni Ortuzar recordó asimismo que en la legislatura pasada ya se habló de modificar el Código, por lo que lo desvinculó de que se haga solo para contentar a los independentistas catalanes para que apoyen al Gobierno PSOE y Unidas Podemos. "Hay una delgada línea, pero es muy importante, entre la tipificación de los delitos de sedición y rebelión, y también la posibilidad de que todos los proyectos políticos se puedan llevar adelante por medios democráticos", añadió. En su opinión, "esto no podría ser nunca ponerle vallas al campo de la política".
El propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, suscribió las mismas tesis, en la línea de lo que ya defendió esta semana la vicepresidenta primera Carmen Calvo. Así, Campo abogó por reformar las leyes "sin asustarse" y se refirió en concreto a las figuras penales de sedición y rebelión como "más propias de ataques a la soberanía en el siglo XIX", cuando -dijo literalmente- se pensaba en "tanques en la calle".
El flamante ministro se refirió expresamente al "problema catalán" y subrayó la necesidad de "repasar" esos tipos penales porque a día de hoy la soberanía del país es atacada "de otras maneras" y esto hace necesario que el Código Penal que dé una respuesta proporcional a esas actuaciones. "Es la obligación del gobernante dar respuestas a distintas situaciones que se generan", indicó.
