madrid - El Gobierno español parece dispuesto a meter mano al Código Penal para reformarla en lo concerniente a los delitos de sedición y rebelión. Es un tema delicado en cualquier circunstancia pero la necesidad de avanzar hacia la desjudicialización de la política para buscar una salida al laberinto catalán le obliga a meterse en camisas de once varas mientras la derecha espera a que, en el empeño, Pedro Sánchez se dé de bruces contra la pared. El presidente español no se metería en este jardín si no fuera porque necesita de ERC para la gobernabilidad y la estabilidad y de ahí que quiera reformar la normativa penal que seguramente rebajará los años de cárcel a los condenados por el procés independentista de Catalunya.
La intención del Gobierno español es llevar esta reforma al Congreso de los Diputados para promover un debate abierto con los grupos parlamentarios. No está claro cómo lo harán porque este tema no forma parte del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, lo que implica que no hay unidad de voto en este punto concreto. Desde el Gobierno, su portavoz, María Jesús Montero, insistió ayer en que intentará llegar a un acuerdo con todos los partidos, incluido el PP.
El lunes por la noche fue el presidente Sánchez el que lo dejó caer en una entrevista en la televisión pública española y ayer lo confirmó su ministra portavoz ante la batería de preguntas de la prensa. No estaba cómoda Montero con el tema y lo despachó con consideraciones genéricas, pero aún así tuvo que admitir que promoverán una revisión de los delitos de rebelión y de sedición con el fin de que "se ajusten mejor a la realidad actual" y por la constatación de que no son homologables en los países más cercanos. La reforma incluiría la "tipificación de los delitos vistos respecto a los comportamientos producidos en Catalunya", señaló Montero.
La modificación de la norma no se ceñiría a esta cuestión ya que también incluiría la actualización de los delitos sexuales y los medioambientales.
En todo caso, la reforma que se lleve a cabo se aplicaría a las personas que estuvieran condenados por esos delitos, incluidos los nueve presos y presas del procés que purgan en prisión por este delito -y el de malversación en algunos casos- tras la sentencia del Tribunal Supremo.
Todo apunta a que la reforma buscaría suavizar el delito de sedición, por lo que Oriol Junqueras y el resto de los presos se beneficiarían de una rebaja de sus condenas que van desde los trece años la máxima hasta los nueve. Teniendo en cuenta que ya llevan más de dos años y que, en el mejor de los casos esta reforma requeriría como mínimo dos años de trámite parlamentario hasta su aprobación definitiva, por lo que la rebaja de penas acercaría a algunos de ellos al horizonte de libertad.
La eventual revisión a la baja de las penas de cárcel asociadas a conductas que el Código Penal tipifica a día de hoy como sedición y rebelión obligaría a la Sala que juzgó el procés en el Supremo a aplicar un descuento de los años de condena a los líderes independentistas catalanes en prisión, confirmaron ayer fuentes del alto tribunal. Fuentes jurídicas coinciden en señalar que la aplicación de esta reforma penal, al venir respaldada por una mayoría reforzada en el Parlamento, supondría un menor coste al Ejecutivo de Sánchez que la aprobación de indultos parciales o totales cuya aprobación corresponde en exclusiva al Gobierno. No obstante, la reforma exigíria a Sánchez un mayor apoyo en el Congreso del que obtuvo para su investidura, pues el Código Penal es ley orgánica y requiere para su reforma una mayoría absoluta de apoyos (al menos 176 diputados) en una votación final. Bastaría, no obstante, con mantener los apoyos cosechados entonces (PSOE, Podemos, PNV, Más País, Teruel Existe, BNG y Nueva Canarias) y obtener el sí de aquellas formaciones que se abstuvieron, como ERC y EH Bildu, además del voto favorable de otras como JxCat.
Si el PSOE aspira a reformar el Código Penal con el apoyo del PNV y de partidos independentistas difícilmente la revisión podría ir encaminada a endurecer este tipo de delitos. En el caso del delito de rebelión sí parece que planea endurecerlo, y a ello se añadiría la tipificación de los referéndum ilegales, lo que sería relevante en caso de que quisieran volver a intentar repetir el 1-O de 2017.
Desde la oposición, PP y Ciudadanos coincidieron en calificar la propuesta como un indulto encubierto a los líderes del procés. El portavoz popular en el Senado, Javier Maroto, señaló que se trata de un "indulto oculto" por parte de Sánchez, que es "lo mismo que entrar por la puerta de atrás" al dejarles una pena menor que les permita a los políticos independentistas encarcelados "estar en las calles a la vuelta de la esquina".
Por su parte, Inés Arrimadas (C's) señaló que "si es capaz de instar los cambios necesarios para bajar las condenas, estaríamos ante un indulto por la puerta de atrás para Junqueras y sus socios", alertó aludiendo al principio de la retroactividad de las reformas legales en beneficio del reo.
