madrid - La nueva ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, prometió ayer en la toma de posesión que su Ministerio será un "espacio de diálogo y entendimiento" y llamó a todas las instituciones públicas a sumarse al debate y al diálogo para hacer posible el Gobierno. No hizo ninguna mención a Euskadi y Catalunya, donde más energía consumirá para satisfacer sus demandas. La exconsejera canaria será la interlocutora del Gobierno Vasco para las cuestiones territoriales, especialmente las relativas a competencias pendientes de transferir y a inversiones del Estado en Euskadi en materia de infraestructuras.

El acuerdo de investidura entre PSOE y PNV comprometió a los jeltzales a apoyar el nombramiento de Pedro Sánchez a cambio de una serie de demandas para Euskadi. El presidente se ocupará personalmente de la cuestión nacional catalana y exonerará a Darias de esta encomienda, pero la ministra deberá hilar fino en la negociación y traspaso a la CAV de las competencias pendientes. La formación jeltzale incluye la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social, una materia no incluida en el último calendario de traspasos acordado hace un año entre el anterior Gobierno de Sánchez y el Ejecutivo de Urkullu.

Darias también tendrá que materializar el traspaso de las competencias de Tráfico a la Comunidad Foral de Navarra, actualmente a cargo de la Guardia Civil casi en su totalidad. La ministra tendrá que ofrecer su mejor versión para convencer a la derecha navarra y a la española de la pertinencia de ese traspaso. El acuerdo entre socialistas y jeltzales también afecta a las infraestructuras correspondientes al Estado en la CAV. Darias deberá encarrilar el cronograma de trabajos previsto en las obras del Tren de Alta Velocidad, así como el resto de compromisos ya cerrados con el Gobierno Vasco. Las reformas necesarias para un nuevo modelo territorial en el Estado para buscar una solución al contencioso catalán y la negociación del nuevo Estatuto vasco quedarán en manos de Sánchez y de la vicepresidenta Carmen Calvo, así como las cuestiones referidas a la oficialidad de las selecciones deportivas vascas. Por su parte, los ministros del Interior y Justicia, Fernando Grande-Marlaska y Juan Carlos Campo, respectivamente, tienen en sus manos la flexibilización de la política penitenciaria con los dos centenares de presos de ETA en las cárceles del Estado. - DNA