GASTEIZ. El Consejo del Gobierno Vasco ha dado este martes luz verde a esta decisión que permitirá, a partir de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), presentar las solicitudes de reparación incluidas en la Ley 12/2016, de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el Contexto de la Violencia de Motivación Política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999, modificada por la Ley 5/2019, de 4 de abril.
Fuentes del Ejecutivo autonómico han indicado que está previsto que la resolución en el BOPV se publique en un plazo aproximado de una semana o diez días, y que entonces se darán a conocer los detalles de la documentación y dónde deberán acudir las personas que soliciten esa reparación.
Esta norma ha sido recurrida por PP y Ciudadanos ante el Tribunal Constitucional con sendas iniciativas que han sido admitidas a trámite por el Alto Tribunal. Ello no significa que la norma sea suspendida de manera cautelar, por lo que el Gobierno Vasco está ejecutando los trámites para su desarrollo.
La resolución aprobada este martes determina así mismo que cada solicitud deberá resolverse en el plazo máximo de 24 meses desde el momento de su presentación, salvo que concurrieran circunstancias excepcionales, en cuyo caso el plazo se ampliaría.
"Los plazos previstos por la ley son dilatados", porque según ha indicado el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, se quiere ofrecer a las víctimas un margen de tiempo suficiente para que puedan preparar adecuadamente sus solicitudes.
El siguiente paso en el desarrollo de esta ley es culminar la tramitación del decreto que defina el reglamento de funcionamiento de la Comisión de Valoración. Su trámite está ya iniciado por lo que esta comisión podrá iniciar sus trabajos de análisis de las solicitudes una vez se haya producido la aprobación del decreto por el Consejo de Gobierno.
El PP registró el 15 de julio pasado un recurso contra cuatro artículos y la disposición adicional de esta ley al entender que esta norma impugnada "puede vulnerar la reserva constitucional de la función jurisdiccional, que corresponde al Poder Judicial, e infringe el derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia".
Los populares consideran que la vulneración de derechos debe ser reconocida por los tribunales de justicia y no por un órgano de la administración como la Comisión de Valoración.
El 8 de julio pasado el Tribunal Constitucional también admitió otro recurso similar presentado por Ciudadanos contra esta ley que fue aprobada en abril por el Parlamento de Vitoria con los votos a favor del PNV y del PSE. EH Bildu y Elkarrekin Podemos se abstuvieron y el PP se posicionó en contra.
Esta norma modificaba una anterior que había sido recurrida por el anterior Gobierno del PP, y socialistas y nacionalistas se comprometieron a acordar unas reformas para tratar de asegurar la constitucionalidad de la norma, que fueron las que se aprobaron en abril.
