Barcelona - El Consell per la República, la entidad privada impulsada por el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont para internacionalizar el procés, planteó ayer establecer una “mediación independiente” con el Estado en el conflicto catalán y proponer para ello una plataforma de negociación de cara a su resolución. En un comunicado, informó de que se reunió el jueves en Waterloo y acordó que, en el marco de esta propuesta de negociación, el Estado debe reconocer el derecho a la autodeterminación y “la reversión de la represión y el respeto de los derechos civiles y políticos”.

También concluyó que la acción de las instituciones y la sociedad civil para materializar la autodeterminación “no puede quedar bloqueada, ni por la represión, ni por la negativa de la mayoría de la fuerzas políticas e instituciones españolas al diálogo”. El Consell instó por ello a la sociedad civil y a las instituciones catalanas a “preparar medidas y actuaciones necesarias para materializar el mandato popular para la independencia”, y llamó a la movilización ciudadana para acompañar las acciones institucionales.

En este sentido, en la nota difundida ayer afirmó que se podrá ejercer “la desobediencia civil cuando sea necesaria, siempre dentro del marco de la lucha no violenta”. Abogó por que, mientras no se materialice el mandato derivado de un referéndum, “cualquier elección al Parlament tendrá carácter refrendario”, y reclamó a las instituciones europeas e internacionales que velen por los derechos humanos.

En este contexto, una de las principales pruebas a las que se someterá en breve el conflicto catalán es la sentencia que emitirá el Tribunal Supremo sobre los líderes del procés encausados. Ante este horizonte cercano, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, consideró que un “paro de país” podría ser “una buena opción” para responder a una sentencia condenatoria, “siempre que sea una acción de consenso”. En una entrevista en Catalunya Ràdio, admitió que “encontrar consensos” en el mundo independentista es difícil, aunque aseguró que las relaciones entre ERC y JxCat están “bien”, con “muchas discrepancias pero también objetivos comunes”.

Precisó que los republicanos son partidarios de “una respuesta en cuatro ámbitos: institucional, internacional, jurídico y social”. Para la portavoz de ERC, “la unidad es necesaria, pero rechazamos la idea de apelar solo a la unidad simplemente para desgastar o para hacer una batalla política”. “Se deben hacer aquellas acciones que sean más útiles, con más impacto a nivel positivo que consigan una respuesta política por parte del Estado”, zanjó.

Movilización costosa La CUP propuso como respuesta “poner la amnistía como elemento central de reivindicación política en clave antirrepresiva”. Pidió a su vez una movilización popular que “pueda resultar costosa para el Estado” y una respuesta política que implique a la mayoría de la sociedad y a la comunidad internacional, informó en un comunicado tras un Consell Polític celebrado en Sabadell. - DNA

Una grabación implica a un exconseller. El exconseller de la Generalitat Germà Gordó amañaba pagos ilegales de empresarios para financiar a Convergència, tal y como se refleja en una conversación grabada por el empresario y proveedor de CDC Joan Manuel Parra, según una información publicada ayer por ‘El Periódico de Catalunya’. El propio Gordó respondió que “ni recuerdo ninguna conversación en este sentido, ni consta en la agenda aportada por la investigación al juzgado, ni nunca he hecho nada ilegal”.