madrid - Las arcas autonómicas arrastran un agujero de unos 5.000 millones ante la asfixia financiera provocada por la falta de presupuestos derivada de la parálisis en la conformación de un Gobierno central, lo que está obligando incluso a varios Ejecutivos a aplicar nuevos recortes pese a que la etapa de austeridad se cerró hace un lustro. Salvo en la CAV y Nafarroa, que cuentan con un sistema de financiación diferenciado, las dificultades pueden acrecentarse a partir de noviembre, ante la previsión de una repetición electoral, de ahí que Hacienda se esté preparando para este escenario y advierta de que la complejidad llegará en el capítulo de pago a los proveedores si para entonces sigue sin conformarse un Gobierno en Moncloa. De hecho, Catalunya ya ha anunciado otro tijeretazo del que solo se librarán los salarios de los empleados públicos y los servicios básicos, y de los que el vicepresident Pere Aragonès dará cuenta en el Parlament; en la Comunidad Valenciana se atarán en corto partidas de gasto aún no comprometidas o de costosa ejecución; y habrá ajustes en Baleares y Canarias, que pretenden eximir el gasto social pero viéndose obligadas a corregir el déficit.

La titular de Hacienda, María José Montero, reconoció que dispone de un informe de la Abogacía del Estado para liberar a través de un decreto los 5.000 millones en anticipos a cuenta en cuanto haya Gobierno, pero explicó que eso “no puede hacerlo un Ejecutivo en funciones, porque condicionaría el margen de actuación del siguiente equipo de gobierno”. Con unas nuevas Cuentas se liberarían también 2.500 millones procedentes de un cambio en la normativa contable del IVA; pero al estar en funciones, también ahí Hacienda está atada de pies y manos. El embrollo puede verse como forma de presión para lograr la investidura, pero la ministra socialista rechaza esa interpretación: “No estamos usando esto para apretar”. Es más, “forzaremos todo lo que podamos para encontrar una solución”, señaló Montero, que animó a las formaciones políticas a “desatascar” la situación y a facilitar que “la voluntad popular se abra camino” y se pueda conformar un Ejecutivo “en pleno rendimiento”. A ello se une, según destacó, que la derecha tumbó “junto con los independentistas” los Presupuestos “que eran realmente buenos, por ejemplo, para Andalucía, lo que ha impedido que esta comunidad tenga unas entregas a cuenta adecuadas, una rectificación del IVA que Montoro practicó con nocturnidad y alevosía en 2017 y que por primera vez cumplía con el Estatuto”. “No puede ser que el PP actúe como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer”, reprochó la ministra.

feudos afectados Números cantan. Los gobiernos de las comunidades no están para promesas. La incertidumbre sobre los recursos que finalmente se destinarán a Catalunya, con un presupuesto prorrogado de 2017, ha obligado a cerrar la caja de la Generalitat en pleno agosto, cuatro meses antes de dar carpetazo al ejercicio. Entre las partidas retenidas se excluye la salud, la educación y algunos programas sociales, pero afecta a servicios básicos que inciden en los ciudadanos como transporte, agua, vivienda o residuos. Por su parte, en otros territorios, Cantabria aguarda los 135 millones que se les adeudan desde Madrid para cuadrar sus partidas; mientras que en la Comunidad Valenciana las entregas a cuenta que han dejado de ingresar alcanzan los 450 millones de euros. “No hay un problema de gasto sino de falta de ingresos”, afirmó su vicepresidenta, Mónica Oltra. Canarias ha establecido una primera reducción de 140 millones del gasto de 2019 para evitar incumplir las metas fiscales; Aragón baraja un déficit de al menos 400 millones de euros; y el Estado debe a La Rioja unos 100.

En otros feudos, Extremadura es la comunidad más perjudicada por la inconcreción sobre cómo se compensa la reforma que se llevó a cabo en el sistema de pago del IVA, con una merma de 75 millones; Castilla La-Mancha exige el cobro de 350.000 euros para cumplir el objetivo de déficit; y Galicia advierte de inmediatas tensiones de tesorería ya que el bloqueo de las entregas a cuenta le impide recibir 700 millones de euros, 530 de ellos incluidos en los presupuestos autonómicos de este mismo año. En Andalucía incluyeron en los suyos 400 millones de IVA de los que nada se sabe. Contexto que puede empeorar si Pedro Sánchez no logra ser investido y la ciudadanía se ve obligada a acudir otra vez a las urnas.