Santiago de Compostela - El Gobierno español, a través de la Abogacía del Estado, ha presentado una demanda contra la familia Franco en los juzgados de A Coruña para reclamar la devolución al patrimonio público del Pazo de Meirás. Se basa en un documento datado el 3 de agosto de 1938 desconocido hasta ahora, firmado ante notario en el despacho del gobernador civil. En el texto se confirmaría que el contrato de venta a Franco, suscrito tres años después, fue “fraudulento”, porque el inmueble ya era residencia de la Jefatura del Estado tras su adquisición por cuestación popular. Pedro Sánchez justificó ayer la acción del Ejecutivo en que los Franco “actuaron contra derecho”, y que el objetivo del Gobierno es recuperar la propiedad del inmueble para que pase a ser bien público. “Así de claro”, zanjó. Este paso abre otro frente tras el que mantienen por la exhumación del dictador en el Valle de los Caídos.

El pasado junio todos los grupos de la Cámara gallega aprobaron por unanimidad instar a la Xunta a reclamar al Gobierno del Estado iniciar “de manera urgente” las acciones legales “pertinentes” para la recuperación del Pazo de Meirás. La iniciativa, presentada por el BNG y defendida por Luís Bará, se iniciaba recordando que se trataba del segundo acuerdo parlamentario adoptado en estos términos -tras el texto alcanzado por unanimidad en julio de 2018- exigiendo al Estado medidas para iniciar la recuperación del inmueble para el patrimonio público. Una de las críticas de los grupos se refería al uso de este Pazo, Bien de Interés Cultural, para “hacer apología de la dictadura franquista” y de la figura del propio Franco.

En el pasado el Gobierno español encargó un informe jurídico sobre la situación del Pazo de Meirás para estudiar la fórmula adecuada para devolverlo a la ciudadanía, con todas las garantías, y evitando que puedan prosperar posibles reclamaciones de la familia Franco. El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, mantuvo un encuentro con la Comisión para la Recuperación da Memoria Histórica, a la que trasladó el compromiso e interés del Ejecutivo en la recuperación del Pazo de Meirás, más allá de las acciones desarrolladas desde la Diputación de A Coruña y del acuerdo del Parlamento de Galicia. Losada explicó a los responsables de la Comisión la intención del Gobierno de actuar “con la máxima cautela y todas las garantías jurídicas” en materia de recuperación de la memoria histórica.

Dos comisiones de expertos se encargaron de analizar el proceso, desde Galicia, y las posibilidades de recuperar este inmueble. La primera la presidió el profesor Xosé Manoel Núñez Seixas y entre sus miembros estaban el profesor de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago de Compostela Emilio Grandío Seoane y el de Derecho Civil de la Universidade de A Coruña José Manuel Busto Lago. Formado por 11 miembros se constituyó a finales de noviembre de 2017. La segunda acción fue en un informe jurídico sobre el Pazo de Meirás, encargado por la Diputación de A Coruña, que concluyó con que hubo una “venta simulada” de este inmueble a Franco, apostando por acudir a los tribunales para recuperarlo, toda vez que este hecho avala la “nulidad” de este contrato. - E. P.