MADRID - La política española entró ayer en la cápsula del tiempo para regresar a la época de la crispación y el enfrentamiento a cuenta de ETA, ocho años después de su cese definitivo. Precisamente en el día del homenaje anual a las víctimas del terrorismo en el Congreso de los Diputados, Vox buscó su espacio anunciando una sorprendente querella contra el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por el proceso de paz con ETA en los tiempos de Loiola o, más en concreto, por torpedear presuntamente operaciones policiales en aquella época. Al mismo tiempo, decidió descolgarse del homenaje en el Congreso para no compartir fotografía con Bildu. La querella parece tener poco recorrido jurídico, pero su valor es sobre todo político y reabre un debate ya superado. Será el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz quien decida si la admite a trámite.

El día ya venía caldeado por la entrevista al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en la televisión pública española, una intervención donde no llegó a condenar la violencia de ETA. Esa resistencia a asumir la injusticia del dolor causado a las víctimas fue aprovechada por PP y Ciudadanos para cargar contra el presidente en funciones, Pedro Sánchez. También lo utilizó la presidenta de la Fundación de Víctimas, Mari Mar Blanco, quien convirtió su discurso en el Congreso prácticamente en un acto de partido donde criticó la entrevista a Otegi y pidió que “se impida la formación de gobiernos que actúan como si ETA no hubiera existido”, en alusión a las hipotéticas abstenciones de EH Bildu para permitir gobiernos socialistas en Nafarroa y en Madrid. Al mismo tiempo, EH Bildu trataba de normalizar su presencia en las instituciones estatales participando por primera vez en el minuto de silencio. PNV, Unidas Podemos y ERC no aplaudieron a Blanco. El mismo día, el líder de Vox, Santiago Abascal, anunció la presentación de una querella criminal en la Audiencia Nacional contra el expresidente Zapatero para acusarlo, entre otros, de un delito de “colaboración con banda armada”, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir los delitos, por haber puesto sobreaviso presuntamente a los miembros de ETA afincados en Francia, para que pudieran evitar la acción policial durante la negociación que su Gobierno mantuvo con la organización ya disuelta. Acusan a Zapatero de influir para que bajara la presión policial.

Vox cuestiona un proceso de diálogo por el que Zapatero fue muy reconocido en suelo vasco. Se valora su aportación a la convivencia, el cese de la violencia y la legalización de la izquierda abertzale. Zapatero dijo que la querella “no merece calificación” y defendió su compromiso “en defensa de los valores democráticos”.

Según la documentación en poder de la Audiencia Nacional, Zapatero reveló al mediador con ETA que Francia tenía previsto dar un golpe tras la detención de Ramón Sagarzazu en 2005. Para Vox, este dato justifica emprender acciones judiciales. Vox también dice en su querella que Zapatero “era conocedor de que la banda terrorista ETA estaba fabricando explosivos tres meses antes del atentado de la Terminal-4 de Barajas y a pesar de ello mantuvo la negociación con la banda terrorista”, a la que presuntamente “facilitó información obtenida por los medios de colaboración policiales de las actuaciones que tenía previstas la policía francesa, pudiendo con ello los terroristas evitar su acción”. “Después, el 30 de diciembre de 2006, la banda terrorista ETA colocó una furgoneta bomba con más de 200 kilos de explosivos en el aparcamiento D de la Terminal 4 del madrileño aeropuerto de Barajas en el fueron asesinadas dos personas”, dice. El PP criticó a Zapatero, pero con la voz discordante de Rafael Hernando, que lamentó el “numerito” de Vox y el uso “perverso” de la justicia.