De un extremo a otro; del frío al calor, como una ducha escocesa. Una vez más, y en el final de su mandato como jefe de la diplomacia española, Borrell se muestra en estado puro: quien se mueva de la línea diplomática oficial queda fuera de la foto. El Ministerio de Exteriores ha retirado el cargo al cónsul español en Edimburgo, Miguel Ángel Vecino, tras una carta hecha pública en la que aseguraba que España no contemplaba un veto del acceso a la UE de una Escocia independiente si el proceso de separación se llevara a cabo de un modo legal. ¿Qué idea de la democracia en Europa tiene el Gobierno Sánchez, la de vetar un proceso democrático y legal por el temor al contagio en su propio Estado?

En 2014 Escocia demostró a Europa y al mundo cómo es posible desdramatizar el debate sobre el estatus de pertenencia a un Estado cuando las cuestiones identitarias y las vinculadas al reconocimiento de una realidad nacional coexistente dentro de una entidad estatal están previamente encauzadas gracias a una cultura política presidida por una voluntad de concordia y pacto que beneficia a todos. Se celebró el referéndum, legal y pactado, y la opción favorable a la independencia no logró su objetivo.

Pero el Brexit, que el pueblo escocés rechazó de forma abrumadora (el 62% se mostró a favor de continuar en la UE frente al 38% favorable a la salida de la UE) ha abierto un nuevo proceso de reflexión: la ministra principal del Gobierno de Escocia, Nicola Sturgeon, ha anunciado su intención de iniciar un proceso de consultas y legislativo para impulsar un nuevo referéndum sobre la independencia en 2021 tras afirmar en el Parlamento escocés que “el Brexit ha puesto en evidencia el profundo déficit democrático que late en nuestro autogobierno”.

El interrogante de partida es claro y se concreta en determinar si un hipotético Estado escocés, en el momento de constituirse como tal y de solicitar su integración en la UE, quedaría dentro o fuera de la Unión y, en este último caso, qué vías existirían para tratar de reincorporarse a la UE. Ni el Derecho internacional ni el sistema jurídico de la UE prevén de manera expresa un supuesto como el que planteado por el nacimiento de un nuevo Estado, surgido del propio seno territorial de otro Estado ya socio o miembro de la UE y que a su vez aspira a integrarse en la misma, generando una “ampliación interna”.

Tal y como establece el artículo 49 del TUE, para ser miembro de la UE hay que ser “un Estado europeo” y compartir los valores fundamentales que inspiran el nacimiento de la Unión. Entre estos valores, el artículo 2 del TUE exige el respeto y el compromiso de promoción del respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías.

Finalmente, cabe destacar dos circunstancias que, aunque en rigor no se pueden calificar como condiciones de admisión, suelen ser tenidas muy en cuenta por el Derecho internacional y, por extensión, por el Derecho europeo, en el momento del reconocimiento de nuevos Estados y, secundariamente, a la hora de acceder a determinadas organizaciones internacionales: por un lado, el carácter democrático y pacífico del proceso seguido para convertirse en un Estado independiente y, por otro, si este proceso se ha realizado de acuerdo con el Estado preexistente o, como mínimo, si se ha intentado de manera clara y reiterada llegar a un acuerdo.

Sobre la base de estas premisas el debate europeo queda abierto y el Derecho debería operar como mecanismo facilitador de la resolución de conflictos y no como factor generador de los mismos o de su agudización. Si verdaderamente se lograra un gran apoyo social a la reivindicación de independencia, si eso es lo que realmente desea una gran mayoría social clara en Escocia o en otra nación de Europa no habrá norma jurídica que impida la materialización o conclusión fáctica del proceso de independencia. Aquí radica el verdadero reto, en lograr ese gran apoyo social que consolide el proyecto independentista y articular el proceso de forma legal.

Y Europa, caso de producirse tal mayoría social clara a favor de la secesión, sabrá estar a la altura de las circunstancias, porque negar una realidad democrática invocando las propias normas de la UE supondría en realidad desvirtuar la esencia del propio proyecto europeo. Un hipotético derecho de veto a la entrada de Escocia en la UE anteponiendo intereses geopolíticos a la democracia transnacional europea dinamitaría la base democrática de la UE.