madrid - Aquella idea de que la Fiscalía aplacaría su acusación máxima en cuanto llegaran las conclusiones definitivas saltó ayer por los aires con un alegato donde el ministerio público no solo ratificó el delito de rebelión sino que elevó la causa del procés a un “golpe de Estado”. “La sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales. Esto es lo que pretendían. Derogar, suspender total o parcialmente la Constitución y declarar la independencia”, describió el fiscal Javier Zaragoza aludiendo al contenido del artículo 472 del Código Penal. A su juicio, en Catalunya se produjo una “insurrección” entre septiembre y octubre de 2017 con una violencia pasiva y activa para un único objetivo: la ruptura con el Estado español.

“La razón por la que están siendo juzgados nada tiene que ver con la criminalización de la disidencia política. No se persiguen ideas políticas ni proyectos políticos no compatibles con el orden constitucional”, advirtió Zaragoza para rechazar que haya presos políticos y catalogando a Oriol Junqueras como el “maquinista” de este proceso, un escenario que, a falta de la intervención de las defensas, tiñe de negro la sentencia a los dirigentes soberanistas encarcelados de forma preventiva. Y lo hizo enumerando que el vicepresident fue quien presentó en público la pregunta del 1-O; quien asumió la Conselleria de Economia desde donde se gestionaron los fondos para financiar el referéndum; recibió hasta ocho advertencias del Tribunal Constitucional; las dos personas de su máxima confianza, Jové y Lluis Salvadó, fueron los responsables de diseñar las estructuras de Estado; fue un “partícipe cualificado del Estado Mayor”; estuvo presente en la reunión con la cúpula de los Mossos en la que se advirtió de la “altísima” probabilidad de incidentes violentos; y fue el encargado de trasladar los resultados del 1-O al Parlament.

La dureza del tono de la Fiscalía prevaleció en un discurso donde trató de desmoronar la reivindicación de lo sucedido como un ejercicio legítimo de derechos constitucionales, entre otros el de manifestarse, protestar y decidir. “La única violación de derechos civiles que se está produciendo en Catalunya es la que están sufriendo y padeciendo estoicamente aquellos que defienden la Constitución”, aseveró Zaragoza, censurando a los líderes independentistas que “quien se coloca al margen de la ley y se niega en redondo a dialogar” no puede responsabilizar del conflicto institucional a quien acata las reglas. “Es un ejercicio de cinismo sin precedentes”.

El ministerio público, que a lo largo de las semanas ha confundido datos, fechas y episodios, considera lo ocurrido en esas fechas como algo “excepcional” que merece una respuesta jurídica contundente. “Se movilizaron 6.000 policías. El rey tuvo que dar un discurso de enorme calado, lo que tampoco es normal. Y se usó el artículo 155 de la Constitución, que no se usa para un simple acto contra el orden público. Estas circunstancias demuestran que lo que se dio era un ataque contra el orden constitucional, no contra el orden público, por eso no puede ser una sedición”, justifica.

una teoría inédita Por su parte, el fiscal Jaimer Moreno trató de plasmar la existencia de violencia, indispensable para que haya rebelión, con una teoría que hasta ayer no salió a la luz en el juicio: “los 93 agentes que resultaron heridos” el 1-O “no pueden desligarse de los alrededor de mil ciudadanos lesionados ese día, sino que todos son víctimas” de unos mismos hechos de los que son responsables los líderes independentistas. “Estamos ante unos hechos que provocaron 1.093 heridos”. La Fiscalía niega además que los Jordis y el resto de dirigentes llamaran a una actitud pacífica sino todo lo contrario. De nada sirve que Sànchez y Cuixart el 20-S se subieran a un coche de la Guardia Civil para aplacar ánimos. “¿Cabe decir que es un acto pacífico estar encima de un coche de la Guardia Civil devastado?”, se preguntó. Aunque públicamente repetían “eslóganes de civismo y pacifismo”, simultáneamente lanzaban mensajes con terminología “absolutamente clara de exaltación”: “No tenemos miedo”, “el Estado asalta nuestras instituciones”, “el Estado llegará hasta donde le dejemos”, “os han declarado la guerra”...

Posteriormente, Consuelo Madrigal se centró en la malversación, mientras que el último en intervenir, Fidel Cadena, habló del “manejo de las masas, el uso de los Mossos y violencia suficiente” para evidenciar que existió rebelión. “La sedición afecta a la tranquilidad pública; la rebelión, a los cimientos del Estado de derecho”, afirmó, con una metáfora peculiar: “100 sediciones distintas ya no son un delito de sedición. A su entender, la violencia “es la clave”, pero “no exige” un alzamiento armado o militar.

La Abogacía del Estado ilustró la sedición ya que la violencia no fue “parte estructural” del plan. Eso sí, los Jordis “alentaron a las masas” el 20-S.