El principio democrático de “un ciudadano, un voto” se cumple escrupulosamente en el sistema electoral español, aunque, eso sí, al final no todos los votos terminan valiendo lo mismo. Un escaño en Madrid cuesta alrededor de 100.000 papeletas mientras que en Teruel o Soria, ese mismo diputado se obtiene con menos de 20.000 sufragios, o lo que es lo mismo, el reparto de escaños prima a las zonas menos pobladas.
Partidos con más de 200.000 votos en el total nacional pueden quedarse fuera del Congreso, mientras que otros, con los mismos apoyos concentrados en pocas provincias, obtienen incluso hasta grupo parlamentario.
El reparto de las circunscripciones
La creencia popular echa la culpa de esta desproporción al famoso sistema D’Hondt, pero la verdad es que el responsable de esta distorsión electoral es el reparto de escaños por circunscripciones. “No veo que el sistema electoral español sea tan anómalo”, asegura Ángel Rivero, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, que subraya que hay sistemas electorales, como el portugués, que priman las zonas pobladas y dejan “prácticamente inéditas” en escaños las regiones del interior.
Prácticamente justo lo contrario de lo que sucede aquí, donde algo más de cien diputados se juegan en lo que se ha denominado “España vaciada”, algo menos de un tercio de todo el Congreso. Una “España vaciada” que se manifestaba recientemente en Madrid mostrando su fuerza y en la que el PP ha sido hegemónico durante décadas y que le ha permitido ampliar sus mayorías, pero que ahora se tambalea por la dispersión del voto de centro derecha entre el propio PP, Ciudadanos y Vox.
El efecto de la mayor fragmentación
En provincias con menos de seis escaños en juego, que son muchas, las posibilidades de que millones de votos no obtengan escaño y vayan, entre comillas, a la papelera, es muy alta, especialmente si hay muchos partidos en liza, como ocurre ahora.
Un ejemplo puede ser la provincia de Huelva, en la que se reparten cinco escaños al Congreso. Hasta 2016, solo PSOE y PP conseguían diputados por la provincia. En 2016 se coló un tercero en discordia, Unidos Podemos. Ese año, el PSOE, con el 35,87% de los votos obtuvo dos escaños, el PP otros dos con el 33,37%, y Unidos Podemos sacó el último representante con el 16,24%. Las últimas autonómicas andaluzas trajeron una revolución al panorama político andaluz y también al onubense. En esas elecciones se eligen 11 diputados por Huelva, cantidad suficiente para dar cabida a más partidos, lo que permitió la entrada de Ciudadanos y de Vox, este último con porcentajes de voto inferiores al 10%.
Aplicando ese resultado de las pasadas elecciones autonómicas a las generales del próximo día 28, en las que solo hay cinco escaños en juego, el resultado es totalmente diferente. El PSOE obtendría dos escaños, el PP sacaría un diputado -perdería uno sobre las últimas generales-, Ciudadanos tendría uno -ahora no tiene ninguno-, Unidas Podemos repetiría con un escaño -aunque pierde respaldo- y Vox se quedaría fuera. Un 8,33% de los sufragios -los que conseguiría el partido de Santiago Abascal- se quedarían sin representación. Quizá el más perjudicado sería el PP que, con un 22,59% de los sufragios, obtendría un único escaño, el mismo que Unidas Podemos, pese a obtener ocho puntos menos que los populares.
Los intereses contrapuestos
Durante décadas, Izquierda Unida se ha quejado de que sus apoyos en las urnas no tenían después un reflejo en el hemiciclo del Congreso. Ese mismo lamento lo repitió años después UPyD, y ahora es el PP el que apela al “voto útil” ante el temor de que los “votos perdidos” a Vox en ciertas provincias acaben favoreciendo al PSOE. Y es que la fortaleza histórica del PP, que le hacía defender a capa y espada el sistema, es ahora su talón de Aquiles y por eso su llamada constante a agrupar los votos de derechas.
“Cuando llega el momento de hacer las reformas en el sistema electoral, los partidos, sin embargo, no se ponen de acuerdo”, recuerda el profesor Ángel Rivero.
Reformas hay muchas, pero las que interesan a unos, desagradan a otros. Se podría optar por una circunscripción única como en las elecciones europeas que favorecen un reparto más proporcional de los escaños o, si se quiere favorecer la gobernabilidad, aplicar, como en Grecia, una prima adicional de un sexto de los diputados del Parlamento al partido ganador en los comicios. Rivero rechaza esa reforma “a la griega” y destaca el relativo buen funcionamiento del sistema español tras cuarenta años de democracia.
Es de la misma opinión Manuel Herrera, de la Universidad Internacional de La Rioja, que defiende el actual modelo electoral y el sistema D’Hondt porque busca garantizar mayorías suficientes en contraposición con el sistema de la II República, que dificultaba esas mayorías. “Si nos vamos a la actualidad, comprobamos que han aflorado nuevos partidos y que se ha roto el bipartidismo imperfecto que había antes. Esta norma ha permitido que entren en el Congreso con fuerza y, si bien es cierto que ha posibilitado una presencia abultada de los nacionalismos, el modelo ha funcionado”, recalca.
Herrera tampoco comparte las críticas al sistema y cree que sería mejor que los partidos, por ejemplo, concurrieran a las elecciones en coaliciones y los ciudadanos pudieran saber de antemano qué alianzas y pactos de Gobierno hay en el horizonte. “Quizá quepa abogar por esto, porque los partidos se coaliguen y que los ciudadanos sepan”, reconoce.
Una quimera en los tiempos que corren, en los que la mayoría de políticos guardan sus cartas y se miran de reojo en una partida de póquer de resultado incierto. Un acuerdo preelectoral parece ahora tan difícil como adelantar la apuesta antes de repartir la baraja.
