gasteiz - Una de las consecuencias inmediatas de la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno español fue el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo vasco para retirar el recurso presentado por el PP de Mariano Rajoy a la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999, la Ley de abusos policiales. Sánchez se comprometía a sacar la cuestión del Tribunal Constitucional si el Parlamento Vasco retocaba el articulado para que quedara claro que la Comisión de Verificación encargada de comprobar la veracidad de las solicitudes de ayudas, y que empezará a analizar expedientes en unas semanas, no se inmiscuiría en las competencias del poder judicial.

Ese era el reparo del Gobierno del PP, que entendía que dicha comisión iba a buscar culpables, mientras que el Gobierno Vasco defendía que su labor era meramente administrativa y su objetivo exclusivo reparar a las víctimas sin señalar a nadie. El PP y las asociaciones policiales señalan que, reconociendo como víctimas de torturas a personas que no cuentan con una sentencia que acredite tal condición se vulnera el derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución.

El Parlamento se puso a ello y ayer, con el voto favorable de PNV y PSE, la abstención de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, y el voto en contra del PP, se aprobaron las modificaciones necesarias para evitar un nuevo choque entre gobiernos en los tribunales.

Los retoques afectan a seis artículos y a una disposición adicional, que garantizan que las víctimas puedan ser beneficiarias de reparación y reconocimiento aportando resolución judicial o administrativa de las vulneraciones de derechos padecidas pero siempre sin “desconocer lo ya resuelto por la jurisdicción penal”.

Jonan Fernández, secretario general de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, celebraba lo conseguido en “un gran día para las víctimas de vulneraciones de derechos humanos”. Según afirmó, “solo podemos analizar este acontecimiento desde el principio de centralidad de la víctima, y hay que aplicarlo cuando se habla de cualquier víctima”.

Fernández señalaba que desde ayer mismo la ley está en vigor y por tanto también la Comisión de Verificación, “que se ha venido reuniendo en los últimos meses con carácter informativo, no para trabajar expedientes”. Antes de entrar en esa fase, explicó, se ha de aprobar el reglamento de funcionamiento, lo que llevará varias semanas.

En cuanto a la invasión competencial del ámbito judicial que denuncian el PP o los sindicatos policiales, Fernández afirmaba que con ese criterio “ninguna administración podría reconocer ni reparar a ninguna víctima sin resolución judicial firme, y esto significaría que las víctimas de violencia machista o terrorismo sin sentencia no podrían ser reparadas”.

Además, añadía, “todos los marcos jurídicos establecen que las víctimas podrán ser reconocidas y reparadas aunque el autor no haya sido ni perseguido ni juzgado, cuando se pueda establecer que una persona ha sufrido un perjuicio objetivo por una vulneración de derechos humanos. La comisión -dijo- reconoce ese perjuicio sin investigar al autor”. Fernández celebraba la aprobación de la ley como el fin de “una carrera de fondo que sabíamos que iba a tener muchísimos obstáculos”.

No estaban igual de satisfechos los representantes de la fundación de víctimas Egiari Zor, cuyo portavoz, Tasio Arrizabalaga, hablaba de una sensación “agridulce” tras no lograr “reconocer integralmente a todas las víctimas que han sufrido vulneraciones de derechos humanos graves practicadas y auspiciadas por el Estado entre 1978 y 1999”.

Según afirmó, la ley “sigue garantizando el monopolio de la verdad a los tribunales y a los informes policiales que durante largos años han encubierto graves vulneraciones de de derechos con total impunidad”. para Arrizabalaga, la ley aprobada ayer “es un avance”, pero únicamente “un paso más hasta llegar a ese reconocimiento integral”.

Egiari Zor considera esencial que “todas las víctimas que han sufrido el mismo tipo de vulneraciones de derechos humanos tengan el mismo reconocimiento, es una premisa básica sobre la que nos sigue tocando trabajar en el futuro”, concluyó Arrizabalaga.

Con la aprobación de la nueva ley, ya con posturas comunes entre los gobiernos vasco y español, pero con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina y una derecha firmemente contraria, la nueva norma está lista para echar a andar, aunque desde los sindicatos policiales se ha tratado de plantear batalla judicial en los tribunales ordinarios, sin éxito.

Además, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, anunciaba ayer su “compromiso” de recurrir la nueva norma, igual que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy con la anterior. “Somos favorables a amparar a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos desde el principio, pero no al margen de las garantías que reconoce la Constitución”, alegaba Alonso.

Por su parte, la secretaria general del PSe, Idoia Mendia, criticó que el PP “cuestione todas nuestras competencias”, y la parlamentaria de Elkarrekin Podemos, Pili zabala, lamentó que con esta norma no se cumple la función “terapéutica” que debe tener una ley de este tipo. Julen Arzuaga, de EH Bildu, criticaba que se haya “cepillado” la ley, e Iñigo Iturrate, del PNV, pedía al PP que reconozca a estas víctimas, pues “hasta ahora no ha hecho más que poner trabas”.