MADRID. En un decreto al que ha tenido acceso Efe, la fiscal jefe provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez, subraya que el derecho a la libertad de expresión no ampara el discurso de odio y discriminación, pero en este caso no se aprecia "actuación alguna que de forma directa o indirecta promueva, favorezca o incite al odio" respecto a los colectivos protegidos por el Código Penal.
Y recuerda: "La ideología, al igual que los sentimientos, no es algo que pueda prohibirse", por lo que sus manifestaciones externas y públicas, en la medida que no constituyan una incitación al odio, "no constituyen ilícito penal".
De ese modo, archiva las diligencias abiertas a raíz de la denuncia de la diputada Eva Solla, de Rubén Pérez y José María Tubio en representación de Izquierda Unida, presentada tras la publicación el 2 de abril de 2018 en la cuenta de Twitter de la Fundación Francisco Franco de un homenaje al 79 aniversario de la victoria franquista en la guerra civil.
En dicha publicación se incorpora el discurso que el dictador Franco pronunció el 1 de abril de 1939 para celebrar una "victoria tan justa como merecida".
Además de este mensaje, la denuncia incluía una noticia publicada por el diario Público el pasado julio con el titular "La Fundación Franco llama a la Iglesia a proteger los restos del dictador", en referencia a un artículo de la citada organización que consideraba una vejación la exhumación de los restos del dictador y recordaba a la Iglesia la protección que le dio Franco en los momentos más "críticos de su historia".
Los denunciantes entendían que la Fundación Franco había incurrido en exaltación del franquismo al "elaborar y distribuir material relativo a la dictadura", por lo que hacía apología de la misma y, por tanto, incurría en un delito de odio tipificado en el artículo 510 del Código Penal.
Sin embargo, la fiscal jefe provincial de Madrid reitera que de estas publicaciones no se desprende la incitación, de forma directa o indirecta, del odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia.
Recuerda además que el Estado social y democrático que constituye España se asienta, entre otros, en el "valor superior del ordenamiento jurídico consistente en el pluralismo político, por lo implica el respeto y tolerancia con ideas políticas que no se comparten".
