Vitoria. El letrado Gonzalo Susaeta ha finalizado hoy la exposición de sus conclusiones finales en el juicio que desde enero se sigue en la Audiencia Provincial de Álava contra esta presunta trama corrupta que sienta en el banquillo de los acusados a varios exdirigientes del PNV alavés y excargos del Gobierno Vasco.
Entre ellos está De Miguel, el presunto líder de esta red para quien la Fiscalía pide 29 años y 9 meses de cárcel (en un primer momento reclamó casi 54 años), por idear junto a otros tres excargos del PNV alavés también acusados y sus mujeres un entramado societario para lograr contratos y adjudicaciones de instituciones públicas y cobrar comisiones.
El Ministerio Público le imputa delitos como la asociación ilícita en grado de dirigente, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, malversación y cohecho pasivo, entre otros.
La defensa de De Miguel ha pedido su absolución y ha mantenido que en el juicio se ha demostrado que Kataia, la supuesta empresa pantalla de la trama, "desarrollaba una actividad real y lícita". "No es el cascarón vacío" que dice el fiscal, ni actúa como tal, ha resumido.
Ha recordado que esta empresa facturó durante toda su actividad 240.000 euros brutos por trabajos realizados de los que cobró 200.000 y 40.000 euros fueron impagados. "Vaya tristeza de pelotazo", ha descrito.
Susaeta también ha afirmado que el 90 % de esos ingresos se obtuvieron antes que De Miguel fuera nombrado diputado foral en agosto de 2007 y que a partir de ese momento "prácticamente cesó su actividad". "¡Qué paradoja!", ha matizado.
"Lo que se ha vendido por el Ministerio Fiscal en Sala y fuera sobre supuesta red de comisiones ilícitas y supuestos pelotazos aprovechándose de cargos públicos en distintas administraciones no existe", ha mantenido.
Así, ha añadido que en este caso el dinero "no va a un maletín", "no se guarda en un cajón, ni se oculta" porque se emiten facturas y se presentas declaraciones tributarias.
"¿Dónde está el fraude o artificio para ocultar a la Justicia?", se ha preguntado Susaeta, que también reclama la absolución de la mujer de De Miguel, Ainhoa Bilbao, para quien la Fiscalía pide cinco años de prisión.
El letrado ha reclamado al tribunal que considere como atenuante cualificada las dilaciones indebidas y ha recordado que las diligencias previas se incoaron en 2010.
Ha opinado que la causa podría haberse agilizado si se hubiera tramitado por piezas pero ha afirmado que la Fiscalía "quería un macrojuicio" con unas peticiones de pena "manifiestamente desproporcionadas".
"Las 26 personas que se han sentado aquí han estado expuestas al juicio más mediático de los últimos años con un componente económico, sufrieron despidos, rechazo social, pintadas, amenazas denunciadas a la policía, dirigentes políticos pronunciándose en su contra, pérdida de amistades, marginación social. Nueve años" para cuando se dicte sentencia, según ha denunciado.
