El escándalo del chat de jueces cuestiona su imparcialidad en el proceso catalán

Otros magistrados utilizan el chat para hacer llamamientos a la calma, dar su apoyo a los jueces que ejercen en Catalunya o para mostrar disconformidad con su colega Federico Vidal, que tildó de “terroristas uniformados” a los policías del 1-O, y que ha acabado multado por el Poder Judicial y denunciado por la Fiscalía.

Torra reclamó “abrir una investigación para determinar los autores de los mensajes e identificar en qué procedimientos judiciales han participado” e instó a la Fiscalía del Estado a “iniciar una investigación para depurar las responsabilidades penales que puedan tener los autores de los mensajes”. Según Torra, “las conversaciones entre jueces publicadas en un foro del CGPJ atentan contra los principios más básicos” que deben inspirar a la justicia y constituyen “unos hechos de una gravedad extraordinaria, que demuestran la ausencia de independencia de un amplio sector del poder judicial español”.

Además de exigir la dimisión inmediata de Lesmes y la puesta en libertad de “todas las personas que están injustamente encarceladas y el retorno de los exiliados, así como la anulación de todas las instrucciones de juzgados y tribunales en relación con el proceso” independentista, Torra encargó un informe jurídico para estudiar las acciones a emprender.

“Hoy mismo hablaré con el presidente Pedro Sánchez para pedirle una actuación inmediata y contundente, y que se asuman todas las responsabilidades que haya que asumir”, que, según denunció, “cuestiona los cimientos de cualquier Estado democrático y de derecho”. La consellera de Justicia, Ester Capella, sostuvo que los mensajes pueden inhabilitar a estos jueces para juzgar la causa del proceso independentista. La consellera instó al presidente del Poder Judicial (CGPJ) a abrir inmediatamente una investigación sobre los comentarios de los jueces, que calificó de “injurias e insultos”, y a identificar a los autores, apartarlos y sancionarlos.

“Estoy segura de que la comisión disciplinaria actuará, si cabe, con el mismo celo que la ha definido hasta ahora ante cualquier comentario supuestamente ideológico por parte de los jueces y magistrados”, reclamó Capella por carta, que también envió a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, el presidente del TSJC y a la fiscal general del Estado.

Esquerra Republicana y el PDeCAT registraron ayer mismo una petición de comparecencia del presidente del Gobierno para que acuda al Congreso a exponer su posición ante estos mensajes. Al hilo de ello, la vicepresidenta del PDeCAT, Miriam Nogueras, anunció que va a contactar con “todos” los partidos españoles para proponerles celebrar una “cumbre” sobre Catalunya. Desde el Parlament, el portavoz de JxCat, Eduard Pujol, solicitó la comparecencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Jesús María Barrientos, por los “chats de taberna” con “tics franquistas”.

En cambio, PP y Ciudadanos defendieron que el chat era “particular” y enmarcaron los comentarios dentro de la libertad de expresión. En concreto, el portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, consideró los correos “conversaciones entre demócratas preocupados por el incumplimiento” de la Constitución y las leyes. Y el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, sostuvo que estos jueces expresan lo que piensa la mayoría de catalanes que no somos independentistas y el 80% del resto de españoles”.

Las cuatro asociaciones representativas de jueces consideran “desproporcionada” la reacción de Torra. La Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces y Juezas para la Democracia, la Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente se han puesto de acuerdo en un texto en el que aseguran que pedir esa dimisión “carece de todo sentido”.

Recuerdan que se trata de correos privados, que expresan la opinión personal de sus autores y que “no comprometen al conjunto de la carrera judicial y menos a los miembros de la Sala de lo Penal del Supremo encargados de enjuiciar el caso del procés”. “No puede ignorarse tampoco que dichos correos apenas llegan a 30, en un colectivo de 5.500 jueces”, añaden.

Mientras un juez de Barcelona investiga por un delito de injurias a los cuerpos y fuerzas de seguridad al magistrado catalán que tildó de “terrorismo policial” las cargas del 1-O también en el chat del correo corporativo oficial del CGPJ. En su mensaje, Vidal señalaba: “¿Nadie tiene nada que decir sobre terrorismo policial, que sí sufrimos en Cataluña? ¿Ni sobre los 2,3 millones de personas que se han visto coaccionadas, insultadas y despreciadas por querer votar?”.

“Hacemos como su Borbónica Majestad y nos miramos el ombligo para no perder la plaza (...)”, añadía Vidal en el mismo foro.